El penúltimo día de mayo de 1984 el periodista Manuel Buendía rompió su rutina antes de tiempo y se despidió de sus compañeros dos horas antes de su horario normal de salida. Eran las 6:30 de la tarde y el prestigioso columnista no caminó más de 10 metros cuando un hombre se le acercó por la espalda y le disparó cinco tiros con una browing nueve milímetros.
El desconocido huyó por Insurgentes, a la altura de la Zona Rosa, se subió a una motocicleta que lo esperaba y se fue a esconder a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), no muy lejos de ahí. Los testigos que alcanzaron a ver al victimario lo describieron como un hombre fornido, de tez morena, y con el pelo cortado a rape, ocultado por una gorra de beisbol.
Buendía escribía la columna Red Privada, que era la más leída y respetada en México por el nivel de información que contenía. Se publicaba en 40 diarios diferentes en todo el país. En esos años de Guerra Fría escribía sobre las operaciones de la CIA en México, de los grupos de ultra derecha, empresarios cuestionables, de la trayectoria oscura de funcionarios, de los poderosos tentáculos del narcotráfico y la corrupción en el gobierno.
Después de cuatro años y ante los nulos avances, la familia Buendía y un grupo de periodistas que daban seguimiento permanente al caso exigieron al entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, que designara a un fiscal especial para las indagatorias y propusieron, por su trayectoria, a Miguel Ángel García Domínguez, a quien el mandatario designó formalmente el 29 de enero de 1988.
Quince meses después de iniciados los trabajos del fiscal, su oficina obtuvo las primeras pruebas y testimonios que permitieron solicitar las órdenes de captura contra José Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS.
La DFS fue creada por el presidente Miguel Alemán, que quería un organismo parecido al FBI de Estados Unidos, en 1947. Entre sus funciones estaban las investigaciones políticas, pero años después desaparecería por su alto nivel de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Algunas investigaciones aseguran que los narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo El jefe de jefes y Rafael Caro Quintero gozaban de su protección y complicidad así como de credenciales firmadas por Zorrilla para moverse libremente y acreditar una identidad en caso de algún intento de detención.
Zorrilla Pérez fue condenado por la autoría intelectual del homicidio del periodista y uno de sus agentes, Rafael Moro Ávila, como su ejecutor. Este último era sobrino del expresidente de México Manuel Ávila Camacho, y apareció muerto en Zacatecas con 120 puñaladas en el cuerpo tres días después del asesinato de Buendía. También fue acusado de enriquecimiento ilícito, pues en poco tiempo acumuló una fortuna que incluyó residencias en Estados Unidos y varios lugares de descanso en el país, además de depósitos en bancos extranjeros.
Según escribió el columnista Raymundo Riva Palacio para El Universal, el asesinato de Buendía se planeó con un mes de anticipación, aparentemente después de que el periodista retomara una investigación sobre un grupo de obispos en el Pacífico que denunciaban la colusión del crimen organizado con las más altas esferas del poder político.
Esclarecer el homicidio no fue sencillo y a Zorrilla Pérez se le trató de proteger para que no tuviera problemas. Incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo postuló para una diputación en Hidalgo. El fiscal también asentó en su acusación que José Antonio Zorrilla entorpeció las investigaciones del crimen del periodista, por lo que se le acusó de delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
Para marzo de 1985, ya se contaba con indicios sólidos de que Zorrilla Pérez estaba involucrado en la muerte de Buendía y en las evaluaciones que se hicieron se determinó sacarlo de la campaña, para evitar daños posteriores, inclusive al propio secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.
Sin embargo, como Zorrilla Pérez huyó del país, solo se le pudo detener cinco años después y en el arranque de otro gobierno, el de Carlos Salinas de Gortari.
Con el paso el paso de los años también se pudo saber que el destino de Buendía se había sellado en una reunión convocada por el exsecretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui.
Este y otros hechos ocasionaron la desaparición de la DFS, que se convirtió en el CISEN en 1985.
El jefe directo de Zorrilla Pérez en aquel entonces era Manuel Bartlett Díaz, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin embargo, nunca se hizo cargo de la responsabilidad política que tenía respecto a la DFS. Sorteó la tormenta, porque así lo quiso el entonces presidente De la Madrid.
El asesinato de Buendía fue considerado como la inauguración de los crímenes políticos en México y el caso de Zorrilla como un chivo expiatorio para encubrir un crimen de Estado.
De la realidad al True crime
El 14 de julio Netflix estrena un largometraje documental documental sobre el asesinato del periodista mexicano: Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía? Es la ópera prima de Manuel Alcalá (Museo, Bellas de noche) como director, con la producción de Inna Payán (La Jaula de Oro) y Gerardo Gatica (Ya no estoy aquí, Selva Trágica).
En la voz de Daniel Giménez Cacho, este documental explora el asesinato del periodista en 1984 y las diferentes teorías sobre el caso que, hasta hoy, sigue siendo un misterio.
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