Dos gobernadores electos están bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado

Durante las pasadas jornadas electorales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comenzó una investigación de todos los candidatos y candidatas que participaron en los comicios con el objetivo de detectar posible intervención del crimen organizado; esto, a la par de las actividades de la misma índole que llevaba a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las indagatorias arrojaron un listado de carácter confidencial, al cual tuvo acceso Milenio, en el que se hallaron a seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales, militantes de al menos cinco partidos políticos, con presuntos vínculos con cárteles.

Según el medio mexicano, el listado lo encabeza Rubén Rocha Moya, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y gobernador electo de Sinaloa, a quien se le vincula con el cártel de Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

Detrás de Rocha, se encuentra Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es señalado de mantener presuntos nexos con las organizaciones criminales de Los Zetas y el cártel del Noroeste.

Cabe recordar que, en 2015, Gallardo fue detenido y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares a través de sus empresas entre 2012 y 2014, triangulando las operaciones por medio de una clínica de especialidades, Wong, SA de CV. Sin embargo, fue liberado 11 meses después por falta de pruebas.

Además que el funcionario ya se encontraba bajo investigación de la UIF desde octubre del 2020 por supuesto lavado de dinero. Las denuncias apuntaban que el entonces aspirante y su padre, Ricardo Gallardo Juárez habrían desviado más de 700 millones de pesos en el municipio de Soledad, que controlaron de 2009 a 2018.

Ambos personajes forman parte del grupo político, creado por ellos mismos, llamado La Gallardía el cual ha sido excluyente para acceder al poder en el municipio; los señalamientos por supuestos vínculos con el narcotráfico ha perseguido a esta agrupación desde hace tres lustros.

Jannet López Ponce, titular del artículo, agregó que otros funcionarios a quienes también se les rastrearon vínculos con bandas criminales son tres diputados federales, abanderados de la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT)-PVEM.

El primero de ellos, señaló, es Emmanuel Reyes Carmona, ganador de la reelección por una diputación en Guanajuato. El documento estipula que el diputado electo guardaría presuntos vínculos con el cártel Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yépez Ortiz El Marro, vinculado la noche del martes e ingresado a la cárcel del Altiplano, en Estado de México.

El segundo es Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado electo de Michoacán por la misma coalición que Reyes Carmona; a este funcionario se le vincula con la organización de los Viagra, cuya presencia domina en la región de Apatzingán

Finalmente, Miguel Pavel Jarero Velázquez, ganador de la reelección de su diputación bajo la misma coalición que los dos anteriores, también se le adjudica posibles nexos con grupos criminales, sin embargo, no se ha especificado la identidad de la agrupación.

A pesar de las señalaciones, aclaró Milenio, aún no se ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República.

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