Nuevo desafuero o protección constitucional: qué sigue en el caso de García Cabeza de Vaca

Tamaulipas aún no ha escrito aún la última página en el caso de su gobernador, el opositor Francisco García Cabeza de Vaca. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la procedencia para su desafuero y el Congreso local de la entidad lo ratificara en su cargo, la situación ha desatado una amplia polémica que alcanzó a la Suprema Corte y que ahora vuelve a colocarse en el centro de los focos tras las elecciones intermedias en el país el pasado 6 de junio.

Y es que los comicios de la semana pasada, que incluyeron la renovación de más de 21,000 cargos, tanto federales como locales, los ciudadanos tamaulipecos determinaron una nueva conformación del Congreso de Tamaulipas: de acuerdo con los conteos oficiales, el PAN (Partido Acción Nacional), al cual pertenece García Cabeza de Vaca, perderá la mayoría, la cual pasará a manos de Morena, el partido que ha buscado desaforarlo en los últimos meses, y sus aliados.

Esta situación ha abierto interrogantes sobre los siguientes pasos y lo que sucederá con la protección constitucional de la que García Cabeza de Vaca aún goza, de acuerdo con la Corte, así como los caminos que podría seguir Morena, quien ha hecho del gobernador panista uno de sus blancos más explícitos en su cruzada contra la corrupción.

“Antes que nada, debemos de considerar lo siguiente: considerando que la integración de la próxima legislatura tamaulipeca, es importante resaltar que con esa sola expresión están reconociendo de forma implícita que él continúa con fuero y en ejercicio del cargo”, expresó a Infobae México Francisco Burgoa, Catedrático de la UNAM y abogado constitucionalista.

“De hecho, una vez instalada la LXV Legislatura del Congreso de Tamaulipas, cualquier acto que se pretendiera realizar en ese sentido, sería una confirmación del reconocimiento de que el gobernador de Tamaulipas no ha perdido su inmunidad procesal y se encuentra en pleno ejercicio de su cargo de elección popular”, reiteró el experto.

Esta postura de Morena y su aliado el PT (Partido del Trabajo), que tendrán 16 escaños en el Congreso de Tamaulipas por seis del PAN, a la espera del reparto de plurinominales, podría resultar un tanto contradictoria. “Si consideramos que hoy afirman que no tiene ‘fuero’ pero que cuando se instale la nueva legislatura le ‘quitarán el fuero’, ¿cómo es posible que jurídicamente se pretenda quitarle algo a alguien que aseguran no se tiene?”, argumentó Burgoa.

García Cabeza de Vaca fue denunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) por haber supuestamente cometido delitos de narcotráfico, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados que aprobara la solicitud de procedencia para retirarle el fuero. En San Lázaro, la mayoría de Morena avaló la procedencia contra el gobernador tamaulipeco.

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas confirmó a García Cabeza de Vaca como su gobernador y decidió no retirarle el fuero. La Corte, además, ya se pronunció parcialmente sobre el tema. A solicitud de una impugnación del Congreso de Tamaulipas, relacionada con el proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca, el máximo Tribunal decidió desechar el pedido y confirmó que el Ejecutivo estatal tiene fuero, pero que es posible proceder contra él una vez que su mandato termine, en 2022.

“De lo anterior, podemos constatar que se cumplió con el procedimiento parlamentario y con ello, debiese considerarse como un asunto concluido del que no debería admitirse una nueva discusión y mucho menos, por ser parte del cumplimiento del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal”, precisó Burgoa.

“Una decisión de esta naturaleza, aprobada por la mayoría de diputados locales, en la que no hubo violación al procedimiento parlamentario, ni a la Constitución Federal o local, ni a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, debe de considerarse como un asunto concluido y del que no debiese revertirse”, añadió el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Pero, en caso de que la nueva mayoría de Morena-PT en el Congreso tamaulipeco decidiera “reabrir” el asunto y presentar una Iniciativa para revertir la decisión, sí lo podrían hacer, indicó Burgoa. “Sin embargo, esa situación originaría una nueva controversia entorno a si ¿una nueva Legislatura puede modificar un acto que se considera consumado por la anterior Legislatura?”, cuestionó.

Incluso Burgoa, como otros expertos constitucionalistas consultados por Infobae México, coinciden en que una situación así podría generar una nueva controversia constitucional, esta vez interpuesta por García Cabeza de Vaca, al considerar que ese acto pondría en duda su constitucionalidad al estar yendo en contra de una decisión ya tomada por el Congreso anterior y que con ello, se vulneraría la seguridad jurídica en el ejercicio de su cargo. El proceso, aseguraron todos los juristas, ha concluido.

De acuerdo con Burgoa, sería posible iniciar un nuevo “juicio de desafuero” en su contra, pero tendría que ser por nuevos delitos federales. No podrían “repetirse” los de delincuencia organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita; ni defraudación fiscal equiparada.

Del análisis que llevó a cabo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, sólo tuvo la certeza respecto de la existencia del delito de defraudación fiscal equiparada por un daño al Fisco Federal en una cantidad de 6.5 millones de pesos, recordó el Catedrático de la UNAM.

“Por tanto, la declaración de procedencia que la Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril de 2021, es única y exclusivamente sobre ese delito (defraudación fiscal equiparada). En su caso, la orden de aprehensión única y exclusivamente debería ser sobre la probable comisión de ese delito, ni uno más”, remarcó.

Es por ello que no se podría iniciar un nuevo “juicio de desafuero” en contra del gobernador de Tamaulipas por los anteriores tres delitos. “Porque en uno, ya lo aprobó y en los otros dos, se consideró que no hay elementos que acrediten la presunta responsabilidad del gobernador García Cabeza de Vaca”, reiteró.

El caso se ha complicado aún más en las últimas semanas, cuando se dio a conocer que la FGR había obtenido una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, lo que abrió otra polémica entre los expertos en temas judiciales. Hasta ahora, no se ha ejecutado ninguna en contra del gobernador de Tamaulipas y, a pesar de tanto él como algunos de sus familiares han obtenido suspensiones provisionales para descongelar sus cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha negado a liberarlas.

“Habrá que estar atentos a la audiencia constitucional que se celebrará el próximo 22 de junio de 2021, en la que se podrá saber si el Juez Federal le concede o no el amparo al gobernador para que siga conservando su inmunidad y no pueda ser detenido”, detalló Burgoa.

“Esto, con independencia de lo que ocurra en la SCJN con la resolución del recurso de reclamación que presentó la FGR en contra del desechamiento de la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas”, finalizó.

Mientras tanto, el gobernador García Cabeza de Vaca ha vuelto parcialmente al ojo público. A finales de mayo reapareció en una gira por su estado, de la cual volvió a ausentarse tras darse a conocer la posible orden de aprehensión en su contra. Luego, incluso apareció en una reunión virtual con gobernadores y con Olga Sánchez Cordero, la secretaría de Gobernación, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. La moneda sigue en el aire.

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