AMLO presentará reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena: especialistas advierten militarización

El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió este martes con el anuncio de tres reformas constitucionales que presentará en los años que le restan de mandato. Una de ellas pretende que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando pero no queremos que pase después a gobernación o a cualquier otra institución y que en 6 años esté echada a perder. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”, expresó el mandatario.

El presidente mexicano puso como ejemplo el caso de la Policía Federal (PF), fundada en 2009 por el expresidente Felipe Calderón, asegurando que con el paso de los años se había “echado a perder”.

“No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (Genaro García Luna), y además esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo”, aseguró López Obrador.

También aseveró que la Guardia Nacional, nacida legalmente el 26 de marzo del 2019 tras una polémica reforma constitucional, necesita seguirse consolidando. Y por ello, aseguró, es posible que esta iniciativa sea presentada al Congreso en 2023.

Desde hace varios días, opositores y especialistas han manifestado su preocupación por lo que consideran una estrategia para empoderar a los militares y empezar la tan afamada “militarización” del país.

Para el analista Alejandro Hope, directivo del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el sexenio de Felipe Calderón, representa una interrogante el por qué el presidente López Obrador intentará nuevamente incorporar administrativamente la Guardia Nacional al Ejército, pues es algo que ya había intentado en 2019 sin éxito.

Asimismo, el especialista expuso que hay una “intención medio velada” para extender el plazo en que las fuerzas armadas puedan participar en tareas de seguridad pública, pues actualmente el marco legal establece el límite hasta 2024.

“Yo creo que lo que esto revela es que haya una cierta inquietud dentro de las fuerzas armadas con la red institucional de la GN y de la participación de éstas a través de seguridad pública”, aseguró el especialista en temas de seguridad durante una intervención en Aristegui Noticias.

“Ahora la GN en efecto es para fines prácticos una extensión de las fuerzas armadas, más o menos el 80% de los integrantes de la GN tienen plaza y cobran sueldo en la Sedena. Sus plazas no han sido transferidas a la GN. Laboran ahí pero no tienen la plaza formal”, detalló.

Desde hace dos años se buscó que la GN pasara a formar parte administrativamente de la Sedena, pero en ese momento arreciaron fuertes críticas de parte de organizaciones de derechos humanos, organismos multilaterales y especialistas, quienes advirtieron sobre las implicaciones del decreto al que bautizaron como un “acuerdo militarista”.

La administración quedó entonces a cargo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSPC), comandada en aquel entonces por Alfonso Durazo, actual gobernador electo de Sonora.

El presidente López Obrador indicó en ese entonces a Durazo que debía coordinarse con los titulares de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar) para definir la forma en que estas pudieran complementar las funciones de la GN.

En octubre de 2020, el portal Campo Marte reveló que la GN dejaba de estar bajo la coordinación operativa de Alfonso Durazo y que ésta era transferida a la Sedena.

Días después el periodista Jorge Medellín publicó en La Silla Rota fragmentos del documento ‘Propuestas para el control operativo de la GN por la SEDENA’, al parecer elaborado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).

En dicho documento se propuso la creación de las secciones de Investigación e Inteligencia en cada unidad de la GN, para “atender sus necesidades y no las de la Fiscalía General de la República”. Ante ello, señaló el reportero en aquel entonces, la GN ejercía “de lleno las funciones policiales de investigación de delitos que antes eran exclusivas del Ministerio Público Federal”.

En los días siguientes Alejandro Hope difundió en su cuenta de Twitter la copia de un oficio firmado por el general Luis Cresencio Sandoval, actual titular de la Sedena, el cual estaba dirigido al secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

“En el sentido de que la SEDENA ejerza control operativo de la GN, adjunto a la presente, remito a usted un cuadernillo que contiene la presentación que se expuso al titular del Ejecutivo Federal el pasado 6 de octubre de 2020 en el seno de la reunión del Gabinete de Seguridad. En dicha sesión el Presidente de la República autorizó la totalidad de las propuestas para el control operativo de la Guardia Nacional, incluidas en dicho cuadernillo”, señaló el documento firmado el 8 de octubre.

Asimismo, el reportero Arturo Ramos, de Crónica, publicó un nuevo organigrama de la GN en el que se detallaba que “ahora el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no manda a nadie dentro de la Guardia Nacional, sino que se integra al grupo de enlace interinstitucional.”

“Es decir, será sólo parte de una junta que además está por debajo del mando del Secretario de la Defensa Nacional y cuya función es tangencial. El verdadero mando operativo es ya sólo de militares”, enfatizó el documento.

El 25 de agosto de 2020 el DOF publicó un acuerdo en el que se le asignaba a la GN la función de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Procesos. Esto se tradujo en que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva debían ser vigiladas por la GN, a través de la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia.

También debía ejecutar acciones para dar cumplimiento a lo contenido en el Artículo 177, donde se establecieron funciones de supervisión y seguimiento como “entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito”, “solicitar al imputado la información que sea necesaria” y “realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado.”

La Guardia Nacional se creó como un órgano civil militar adscrito a la Secretaría de Seguridad, pero desde el principio recibió fuertes críticas porque la mayoría de sus efectivos provenían del Ejército y su titular es un militar retirado.

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