La crisis en Venezuela derivada de las restricciones comerciales, impuestas desde 2014 por el gobierno de Estados Unidos, ocasionaron que el gobierno chavista implementara estrategias comerciales de dudosa legitimidad si se toma en cuenta el propósito inicial de éstas.
De acuerdo con una serie de investigaciones realizadas por El País junto con Armando.info, en Venezuela existe “una trama que intercambió primero petróleo por alimentos y camiones cisterna de agua potable, y luego pasó a cobrar el dinero de las exportaciones a través de circuitos financieros ajenos al control de Estados Unidos”.
El recuento de esta serie de noticias, planteadas desde agosto del año pasado y firmada por seis periodistas diferentes, señala a una empresa y un subsecretario federal mexicano como parte de la red que facilitó a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pudiera evadir el cerco comercial de EEUU.
En una primera etapa, la administración de Barack Obama impuso una restricción comercial al petróleo de Venezuela para ahorcar al régimen de Nicolás Maduro con la intención de que éste abriera procesos democráticos diferentes a los heredados por Hugo Chávez.
Ante la barrera establecida contra el país del cono sur de América, el gobierno de Maduro Moros comenzó a utilizar las rutas de las petroleras rusas para poder continuar con la venta de hidrocarburos, pues Venezuela basa su economía en el petróleo. Por lo que se vio obligado a comercializar con otros consumidores de “oro negro” y en otras divisas.
De tal modo que la cotización de sus cargamentos ya no se hacía en dólares, sino que se comenzó a utilizar el rublo y el euro como moneda de cambio. Y sus socios principales son China, Irán e India.
A pesar de que este tipo de comercialización aportaba algo a las arcas del erario venezolano, los recursos no eran suficientes para el pueblo que atraviesa una crisis económica importante desde la segunda década del siglo XXI, por lo que idearon otra forma de atraer recursos al país. Y es en este nuevo modelo donde los mexicanos adquieren relevancia.
Inicialmente, lo que pareció un llamado a la solidaridad y a la ayuda humanitaria entre latinoamericanos, se convirtió en un negocio rentable que extendió la red de distribución petrolera venezolana mientras que se evadía, de una forma más amplia, el cerco económico estadounidense.
Uno de los mayores incentivos por el cual el cerco estadounidense es efectivo contra Venezuela es que nadie quiere estar en la mira del Departamento del Tesoro de EEUU o ser sujeto de interés para hacerse acreedor de alguna sanción de la principal potencia en América; sin embargo, los medios de comunicación aseguran tener elementos suficientes como para señalar al subsecretario de Relaciones Exteriores Maximiliano Reyes y al empresario Joaquín Leal como proveedores iniciales del servicio humanitario, el cual terminó siendo parte de un entramado que amplió la red de distribución de petróleo de Venezuela a Singapur, Malasia, Bangladesh y Palestina.
El País y Armando.info especifican que la red se pudo materializar porque Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, junto a su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional, establecieron contacto con la empresa mexicana Libre Abordo, de Joaquín Leal, para acordar un intercambio masivo de maíz y agua potable por petróleo de PDVSA.
Como el intercambio, inicialmente alimentario, requería del cuerpo diplomático mexicano para sentar las bases legales, Reyes Zúñiga, subsecretario de la SRE para América Latina y el Caribe, intervino para que se entregara el alimento; sin embargo, no se puede asegurar que exista una intención de lucro o conflicto de interés por parte del funcionario mexicano.
Por el otro lado, refirieron que la empresa de Leal estableció un servicio adicional, el cual era sacar el petróleo venezolano del país para revenderlo a otros países además de los tres con los que ya se comercializaba.
En agosto del 2020, ya se había reportado que tanto el Departamento del Tesoro, de EEUU, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de México, investigaban al joven empresario. Esto porque la unidad que dirige Santiago Nieto investigaba el rastro de 200 millones de euros en transacciones establecidas entre Libre Abordo con Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).
En un segundo plano se menciona la relevancia de José Adolfo Murat, primo de Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca por el PRI, quien era socio de Leal y al acudir a Caracas, Venezuela, para averiguar un poco más sobre la operación que se planeaba, instó Leal a abandonar el proyecto.
“Le dije que había sanciones de Estados Unidos y no podíamos meternos en ese lío”, dijo Murat de acuerdo con la investigación.
Ahora, el Departamento del Tesoro investiga al empresario de 29 años por establecer una red de distribución de petróleo venezolano que elude las restricciones comerciales de EEUU. Para ocultar el rastro, supuestamente se crearon empresas offshore en Suiza, Luxemburgo, Malta, Curazao, Reino Unido, Suecia, Noruega, Grecia, Estados Unidos, Singapur, Bangladesh, China, Malasia, México, Isla de Man y las Islas Vírgenes Británicas.
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