Al menos nueve operadores electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fueron secuestrados entre el sábado 5 y el domingo 6 de junio, en distintos municipios de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), todos fueron liberados y localizados con vida y ya se investiga si estos hechos fueron para presionar a las víctimas y obligarlas a suspender operativos preparados para la jornada electoral, así lo reportó el diario Noroeste.
El medio destacó el caso de la candidata priista a la alcaldía de Badiraguato (la tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada), Guadalupe Iribe Gascón, quien abandonó la contienda el mismo 6 de junio, pues entre las víctimas se encontraba su hermano, quien horas después fue liberado.
Las autoridades locales solo iniciaron siete carpetas de investigación, que corresponden únicamente a los hechos cometidos contra los operadores del PRI. Mientras que Morena reconoció que no ha presentado una denuncia, pero informó que su área jurídica recaba información para presentar las querellas por el secuestro de sus militantes.
Este viernes, el Fiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo, detalló que 8 de los secuestros ocurrieron en Culiacán y el otro en Badiraguato entre el sábado y el domingo pasados. Precisó que todas las víctimas fueron localizadas con vida, aunque algunas presentaban golpes. Aunque reconoció que aún no hay detenidos, aseguró que ya se investigan los hechos.
En el secuestro del hermano de la candidata priista a la alcaldía de Badiraguato, el hombre fue localizado con vida la noche del domingo con señales de golpes en el cuerpo y con un mensaje de amenaza.
El domingo se reportó el plagio del secretario de Organización del PRI estatal, José Alberto Salas, en Culiacán. Ese día mismo, en Guasave, fue privada de la libertad la regidora de Morena Martha Yolanda Dagnino Camacho, quien también fue liberada horas después.
Las autoridades federales ya tenían conocimiento de la injerencia que podría tener el crimen organizado en las elecciones en la entidad, donde mantienen una guerra los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
El medio destacó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, estableció que en Sinaloa -así como en otras seis entidades- existía “mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia”, de acuerdo con un informe oficial presentado el 4 de marzo por la titular de la dependencia.
Pero además de los secuestros, las autoridades estatales registraron el robo y la destrucción de material electoral. Tras el cierre de la votación, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) reportó que 23 casillas fueron “vandalizadas” en Ahome y Guasave. El pasado jueves, la Junta Local del INE reportó que grupos armados robaron 51 urnas de los distritos 1 (del municipio El Fuerte), 3 y 4 (ambos localizados en Los Mochis).
El Fiscal Ríos Estavillo informó que ya se iniciaron 25 carpetas de investigación por robo de urnas y material electoral en Ahome, Escuinapa y Guasave.
Tanto el PRI como Morena se lanzaron mutuas acusaciones que implicaban que uno u otro partido estaba detrás de las agresiones.
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