Función Pública adelantó que hay avances “inéditos” en el caso de los 43 de Ayotzinapa

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), adelantó que la dependencia que dirige tiene avances “inéditos” en la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ocurrida en 2014.

Durante su participación en el foro Reflexiones a diez años de las Reformas Constitucionales en materia de amparo y Derechos Humanos, la secretaria federal explicó que la corrupción ha sido uno de los mayores alicientes que han alimentado la violación sistemática de los derechos humanos y la impunidad, motivo por el cual la revisión constante a los funcionarios es de suma importancia para evitar tragedias como las de los 43 de Ayotzinapa y la guardería ABC.

“La corrupción fue por muchos años lo que permitió la violación a los derechos humanos, fue caldo de cultivo para que ocurrieran tragedias terribles de nuestra historia contemporánea como la de la guardería ABC y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, refirió en la conferencia.

En cuanto a las investigaciones de los casos más emblemáticos en la violación de los derechos humanos, Sandoval Ballesteros dijo que la Función Pública mantiene sus líneas de investigación en diversos órganos del Estado, como el Instituto Nacional de Migración (INM) que ha sido señalado de presuntos abusos de poder y sobre ejercicio de sus funciones en detrimento de las garantías individuales de las personas en situación de migración.

“Hemos logrado avances, ya les compartía en mi primera intervención, que estamos muy orgullosos de lo que logramos al respecto de los casos emblemáticos del INM en donde se presentaron abusos de funcionarios públicos o en los casos también emblemáticos de abusos de los derechos fundamentales como el caso Ayotzinapa”, refirió sin dar más detalle.

Respecto a las investigaciones realizadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ni ella ni la Comisión de la Verdad han dado a conocer de manera abierta y a detalle si tienen avances sustanciales; no obstante, la doctora en ciencias políticas aseguró que la SFP informará al respecto.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 marcaron la historia de México. La desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, trastocó el imaginario colectivo nacional y evidenció la violencia generalizada que se vive en el país.

De acuerdo con la versión de la PGR, los estudiantes abordaron cuatro autobuses en una central camionera, en ese momento fueron confundidos por miembros del crimen organizado. Derivado de este error, miembros de un cártel local los secuestraron, los asesinaron y los incineraron a medianoche en un basurero de Cocula. Finalmente, los restos de los normalistas fueron tirados a un río cercano al tiradero de basura.

Sin embargo, los investigadores James Cavallaro y Carlos Beristáin, aseguraron que la llamada “Verdad Histórica” no solo es inconsistente, sino físicamente imposible y así quedó asentado en su informe resolutivo del 6 de septiembre del 2015.

Cavallaro y Beristáin son piezas fundamentales para entender el contexto en el que se realizó la investigación oficial, pues ellos son integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México para llevar una investigación paralela a la de la Procuraduría General de la República (PGR).

Este hecho ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien intentó guardar las apariencias a nivel mundial, pero la presencia del GIEI reveló, a priori, la corrupción de la PGR que entorpeció la investigación.

Los descubrimientos más relevantes que destruyeron la versión de Enrique Peña Nieto y sus servicios de investigación fueron el hallazgo de un autobús adicional al mencionado en sus reportes finales de la PGR. También refutaron que los estudiantes no fueron incinerados en un basurero de Cocula a media noche. Y como si esto no fuera suficiente negligencia por parte de la procuraduría, encontraron una supuesta escena del crimen (el río donde los responsables desecharon las cenizas de los estudiantes) con evidentes signos de manipulación.

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