La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad más modificaciones para la realización de la consulta popular del 1 de agosto respecto a abrir o no investigaciones por presuntos actos de corrupción en contra de expresidentes de México.
Con estas medidas, el órgano espera ahorrar casi 15 millones de pesos en honorarios y gastos de campo, esto luego que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negara otorgar más recursos para llevar a cabo el ejercicio ciudadano.
Una de las primeras medidas será que no se implementarán conteos preliminares en la noche de votación, sino que se prevé otorgar un prórroga máxima de cinco días para informar los resultados.
De igual manera, se prevé la recontratación de supervisores y capacitadores electorales, así como convocar nuevamente a las y los funcionarios de casillas y observadores que participaron en las elecciones intermediarias recién celebradas con el objetivo de ahorrar en capacitaciones.
Incluso, de acuerdo con Milenio, la consejera Carla Humphrey planteó la posibilidad de instalar urnas electrónicas en lugar de llevar a cabo el ejercicio de forma presencial para así ahorrar costos y agilizar los resultados.
En otro asunto, el medio mexicano informó que las modificaciones también consideran un ajuste a la pregunta que se planteará a la ciudadanía, la cual quedaría de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actos políticos, encaminando a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Cabe recordar que esta consulta popular fue promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que las y los mexicanos decidan si se investiga por presuntos delitos de corrupción a los expresidentes mexicanos, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo, esta propuesta ha presentado diversos obstáculos por la propuesta misma, el planteamiento de la pregunta y, últimamente, por la falta de presupuesto para su realización.
El pasado 7 de abril el INE aprobó el plan y calendario para llevarse a cabo y pidió al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados su acompañamiento en el ejercicio por la falta de presupuesto, el cual, se estima, sería de 890 millones 472 mil pesos.
Respecto a los avances en su planeación, el pasado 3 de junio se informó del diseño de una papeleta en braille, esto un día después que se aprobara en lo general la propuesta.
La dependencia electoral señaló que pese a la falta de recursos se logrará llevar a cabo la papeleta especial, ajustándose a parámetros mínimos, con tal de que, por un lado, se permita la “garantía de los derechos de la ciudadanía y su involucramiento en estos mecanismos de participación ciudadana, y, por otro, desahogar los trabajos con las economías con las que cuente el Instituto, sin descuidar otras tareas fundamentales”.
Por su parte, la Consejera Dania Ravel Cuevas, señaló que en el diseño de la boleta no se incluye el dato de municipio o alcaldía por el anverso del documento ya que será puesto en el reverso durante el sellado de las papeletas en los distritos como parte del proceso de conteo, sellado y agrupamiento.
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