La extensión de mandato de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha vuelto un tema de alto interés social y político, especialmente por la especulación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría probando una estrategia para la prolongación de su propio cargo.
Sin embargo, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Nación (DOF), Arturo Zaldívar dio a conocer que sometería la extensión a consulta de la Suprema Corte y adelantó que él formaría parte de la votación.
“Desde luego no voy a excusarme. Voy a votar (porque) me parece que es un asunto que por su naturaleza y este tipo de consulta, no admiten impedimentos, no hay partes y se trata de defender la autonomía e independencia del Poder Judicial”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva
La ampliación quedó estipulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la reforma fue controversial al publicarse. El ministro presidente dijo que “el compromiso que vamos a asumir las ministras y ministros es que esto sea muy breve. Yo esperaría que pudiera quedar resuelto en julio a más tardar en agosto”.
El objetivo principal es determinar si la prolongación de su cargo es constitucional o no. Se trata de un recurso que permite obtener una respuesta “rápida y eficaz” sobre la probable inconstitucionalidad del decreto, dijo.
Recalcó que es momento de que la Corte tome cartas en el asunto y clarifique el tema. “La consulta, más que una pregunta lo que se hace es un trámite que debemos seguir en y en su caso, qué efectividad tendrán estas cuestiones. La pregunta final es si el transitorio es constitucional o no, pero para llegar a eso debemos seguir una serie de cuestiones para darle legitimidad a la decisión que tomará la Corte”, explicó durante la entrevista.
“La persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, establece el decreto.
La reforma judicial, presentada por López Obrador y Zaldívar en 2020, se considera la “más trascendental” desde 1994 porque busca “combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial”, informó EFE.
Pero durante su aprobación en el Congreso en abril, los partidos aliados de López Obrador introdujeron un inesperado artículo transitorio para ampliar la gestión de Zaldívar “con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial”, como recuerda el decreto.
Sin embargo, en redes sociales se bautizó a esta reforma como la Ley Zaldívar, pues organismos como Human Rights Watch alertaron sobre serios riesgos a la independencia judicial.
“México: mientras siguen contando los votos, el Gobierno promulgó la #LeyZaldívar, un atentado frontal contra el Estado de derecho”, tuiteó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas.
Por otro lado, el investigador en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Rabasa Gamboa, aseguró para El Universal que, aunque se advirtieron sus riesgos, esto pone en boga “el modelo defensor de nuestra Constitución y con ello la forma de gobierno”.
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