El Gobierno mexicano publicó este lunes, en la jornada poselectoral, la criticada reforma que extiende dos años el periodo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar, acusado de ser cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que incluye un artículo transitorio que extiende la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024.
“La persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, establece el decreto.
La reforma judicial, presentada por López Obrador y Zaldívar en 2020, se considera la “más trascendental” desde 1994 porque busca “combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial”.
Pero durante su aprobación en el Congreso en abril, los partidos aliados de López Obrador introdujeron un inesperado artículo transitorio para ampliar la gestión de Zaldívar “con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial”, como recuerda el decreto.
La reforma ha despertado alertas en organismos como Human Rights Watch (HRW), que han alertado de riesgos a la independencia judicial.
“México: mientras siguen contando los votos, el Gobierno promulgó la #LeyZaldívar, un atentado frontal contra el Estado de derecho”, tuiteó este lunes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas.
La oposición y los críticos han cuestionado al Gobierno por publicar la reforma después de las históricas elecciones de este 6 junio.
De hecho, durante la jornada electoral, se viralizó un video en el que Zaldívar acude a votar en Ciudad de México y ciudadanos lo increpan al salir de la casilla.
“Le debería dar pena andar con López Obrador de la manita” y “respete la Constitución”, le exclaman los votantes en el vídeo, mientras él camina sin confrontarlos.
Apenas se publicó la reforma, los legisladores de oposición anunciaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley porque el Artículo 97 establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.
Sin embargo, serán los propios ministros de la Suprema Corte los encargados de emitir el fallo, que debe reunir 8 de 11 votos para determinar la inconstitucionalidad.
“Pasando la jornada electoral, publicaron en el DOF la reforma al poder judicial, la llamada #LeyZaldívar, a partir de hoy corren los 30 días para que un tercio de diputados y/o senadores, presentemos acciones de inconstitucionalidad”, escribió la diputada opositora Martha Tagle.
La ya aprobada extensión de mandato de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene detrás un tema “más delicado y serio” de lo que parece. Pues un investigador en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Rabasa Gamboa, asegura que esto pone en boga “el modelo defensor de nuestra Constitución y con ello la forma de gobierno”.
En su análisis, el abogado señaló que la SCJN se convirtió en un Tribunal Constitucional con la reforma judicial de 1994, un paso con el que México se acogió al modelo de “control jurisdiccional”. Este modelo tiene su premisa fundamental en que “el derecho debe controlar al poder, por lo tanto, la función política de la Constitución consiste en poner límites jurídicos al ejercicio del poder”.
Sin embargo, la prórroga promulgada y publicada del transitorio 13 para Zaldívar responde a un modelo opuesto al desarrollado en México. Se trata del llamado “control político”, el cual, señala, fue desarrollado por Carl Schmitt y asegura que “el defensor constitucional debe ser no un tribunal, sino el Jefe de Estado, bajo la premisa de que es el poder el que debe controlar el derecho”, escribió el especialista en El Universal.
Con información de EFE
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