La violencia política es el contrincante por batir en las próximas elecciones de México

Instantes previos a iniciar la jornada electoral de este 6 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) guardó un minuto de silencio por las personas aspirantes y candidatas asesinadas en las postrimerías de la elección más grande de la historia de México, con la renovación de más de 20 mil cargos públicos. Desafortunadamente, el gesto de respeto y condolencia del instituto electoral sirvió como banderazo de salida para más hechos de violencia política.

Durante el domingo de elecciones, en dos eventos distintos, se arrojaron cabezas humanas frente a mesas de votación en Tijuana, Baja California; se detuvieron a 55 personas en Pánuco, Veracruz, y a 21 personas en Tecámac, Estado de México, por estar armadas e intimidar a las y los votantes. En Los Mochis, Sinaloa, un grupo armado robó urnas, boletas y celulares de los funcionarios de casilla; en el municipio de Naucalpan, Estado de México, sujetos arrojaron una bomba de humo hacia una casilla, afortunadamente, estaba inactiva. La lista de fechorías sigue, mejor pasar al análisis.

Las elecciones de México 2021 pasaron a la historia como las más grandes y violentas que se tienen registradas. La consultora Etellekt calcula que durante los últimos seis días del proceso se registraron 21 agresiones diarias. Aunque el Sexto Informe de Violencia Política en México 2021 revela que los asesinatos de personas políticas se redujeron 40% en comparación con los 152 homicidios del proceso electoral de 2018, en materia de agresiones y delitos globales, las elecciones actuales reportan un incremento del 17% con 910 denuncias.

De acuerdo con datos de Etellekt, el 75% de las 910 agresiones o delitos se dirigieron a personas políticas opositoras a los gobiernos estatales en el proceso electoral 2021. De las 860 víctimas totales contabilizadas, el 39% son mujeres. La violencia llegó a 525 municipios distintos, 19% más que en 2018. Veracruz es epicentro, 132 agresiones o delitos se cometieron ahí, CDMX contabilizó 30.

Frente a una estadística de violencia política tan contundente, es difícil aceptar el argumento del presidente López Obrador, en referencia a que la violencia era mayor antes y que los medios de comunicación que favorecen a la oposición política la magnifican. Pese a ello, es una realidad que la violencia letal contra personas políticas se redujo progresivamente a partir de marzo, el mes más sangriento con 23 asesinatos. La estrategia federal de protección a personas candidatas y, especialmente, las “Mesas de Paz” compuestas por autoridades federales y estatales, redujeron el promedio mensual de homicidios a 19 en abril, 13 en mayo y 3 en junio.

Más allá de las Mesas de Paz, es necesario aplicar otras estrategias de prevención para que la violencia política siga estableciendo récords históricos en las próximas elecciones. Algunos periodistas e investigadores señalan que el financiamiento ilegal de las campañas tiene una relación causal con los altos niveles de violencia. Según el informe “Dinero bajo la mesa”, creado por la consultora Integralia y la organización Mexicanos contra la Corrupción, por cada peso que una persona candidata a gubernatura reportó gastar en el proceso electoral de 2018, utilizó otros 14 pesos con poca o nula transparencia. No habría que sorprenderse si los recursos opacos usados en las campañas de este año rebasaron esa cifra escandalosa.

En cuestión de impartición de justicia y reparación del daño, hay que seguir las resoluciones pendientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial, respecto de las denuncias en materia de violencia política de género recopiladas durante estas elecciones. El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) indica que 58 personas han sido sancionadas hasta el 6 de junio, entre presidentes municipales, consejeros estatales de partidos políticos, periodistas y demás personas en puestos de poder que merman la participación política de las mujeres.

* Abraham Lira es maestro en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con orientación hacia la tecnopolítica, cuenta con experiencia profesional como creador de contenidos, coordinador de medios y redes sociales digitales en gobiernos locales de la Ciudad de México; ha publicado artículos de investigación en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública de España y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; ha impartido conferencias sobre discurso político, gobierno abierto, transparencia y uso gubernamental de redes sociales digitales.

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