La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble en Oztoyahualco, Teotihuacán después de recibir denuncias contra los dueños del predio.
De acuerdo a la denuncia presentada por el INAH, se realizaron obras sin la autorización del instituto y se ocasionaron graves e irreversibles daños al patrimonio arqueológico de México.
“Como parte de las medidas tomadas, la Fiscalía General de la República colocó un fragmento de los puntos resolutivos de la orden de cateo y, derivado de ella, se colocaron diversos sellos en el perímetro del inmueble, donde se establece su aseguramiento”, comunicaron.
De acuerdo a información de la FGR, se aseguraron las parcelas 19 y 23, que fueron los sitios señalados donde se realizaban las obras sin autorización. Lo anterior quedó plasmado en la carpeta de investigación FED/FECOD/UEIDAPLE-MEX/0000051/21.
Para el aseguramiento del inmueble, se contó con el apoyo de 250 elementos de la Guardia Nacional y 60 elementos de la Policía Federal Ministerial, así como peritos especializados en la materia para el caso.
El inmueble quedó asegurado y resguardado por la Policía Municipal de Teotihuacán, a petición de la Fiscalía General de la República.
La Secretaría de Cultura y el INAH agradecieron la pronta respuesta de la Fiscalía y la entera disposición de los distintos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
La obra que se aseguró está catalogada como Área B de restricción dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. En ella se planeó la edificación de un parque ecoturístico que no tenía autorización para llevarse a cabo.
La remodelación del inmueble, que se encuentra a menos de un kilómetro de las pirámides, llevaba varios meses en desarrollo, situación que provocó la destrucción de vestigios arqueológicos.
Según información que se obtuvo, el proyecto está a cargo de la familia del ex alcalde de Teotihuacán, el perredista René Monterrubio López.
Desde principios de 2021 se denunciaron los trabajos de excavación con maquinaria pesada en un predio de siete hectáreas de Oztoyahualco, mejor conocido por los pobladores como ejido de Purificación.
El pasado 4 y 5 de marzo, el INAH realizó la primera visita de inspección en la que se confirmó que se realizaban trabajos de manera irregular, por lo cual se procedió a colocar los sellos de suspensión; no obstante, los trabajos continuaron.
Ante el nulo interés en seguir las advertencias de las autoridades mexicanas, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo afiliado a la ONU, mandó una misiva dirigida a Alejandra Frausto Guerrero, titula de la Secretaría de Cultura; Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México; Diego Prieto Hernández, director general del INAH y a Jaime Heredia Ángeles, presidente municipal de Teotihuacán.
Después de la misiva, el pasado 26 de mayo, el personal del INAH realizó una segunda diligencia, encabezados por Valerio Jesús Hernández Ramírez, subdirector de asuntos penales; Jorge Hernández Aguilar, apoderado legal de la dependencia. Por parte del INAH estatal acudieron Francisco Javier Acuña Juárez, jefe del departamentos de seguridad y resguardo de bienes culturales y Héctor Martínez, jefe del departamento de trámites y servicios legales.
Durante esta visita, al menos unos 60 trabajadores que laboraban en la obra, junto con los supuestos dueños del predio, les hicieron frente y estuvo a punto de ocurrir un enfrentamiento físico.
Lo único que se reportó fue que los empleados del lugar agredieron al personal del INAH, arrebatándoles sus teléfonos celulares para evitar que tomaran fotografías del momento.
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