Las policías comunitarias en Guerrero (en la costa Pacífico) se han vuelto sordas ante los halagos de los políticos mexicanos. Para ellas todos son iguales y sobre todo, ninguno cumple sus promesas. Es por eso, que los miembros de la Policía Comunitaria Fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Consejo Indígena Popular del estado de Guerrero, amagó con impedir la instalación de las casillas electorales en 24 pueblos.
La justificación de las autodefensas tiene que ver con que los tres niveles de gobierno han sido omisos de atender las denuncias de los pobladores de la Montaña Baja de Guerrero, que sufren ante el acecho del grupo criminal Los Ardillos, una célula delictiva que pretende la tierra y la mano de obra para el cultivo de la goma de opio.
Además, sostienen que cualquier partido que llegue al poder, la comunidad de 600 habitantes, sigue en la misma situación de exterminio por parte de grupos narcoparamilitares.
Los policías aseguraron que este viernes tomarían las carreteras que van de Chilapa de Álvarez a José Joaquín de Herrera y la de Chilapa de Álvarez a Tlapa de Comonfort. Antes del 6 de junio —día de las elecciones— las policías pretenden llegar a un acuerdo con las autoridades.
Mientras los candidatos se acusan mutuamente de una “guerra sucia”, abajo, en el fondo, se vive una crisis de violencia. Desde hace dos años en Guerrero, la policía comunitaria ha forzado el pulso contra el crimen organizado con la estrategia de armar a los niños.
Este grupo de civiles armados tiene una larga tradición en la entidad que se ha extendido a medio país. Su objetivo es armarse para protegerse de los peligros que los acechan, sobre todo el asedio de los cárteles de la droga.
La ausencia del Estado en la Montaña Baja de Guerrero es manifiesta, incluso se podría decir que están en el abandono, pues las autoridades han optado por dejar que las comunidades indígenas se gobiernen sin ayuda.
Elecciones con la marca de la violencia
Desde el inicio de los comicios más grandes de la historia, la violencia ha tensado el ambiente electoral en Guerrero. El último episodio tuvo que ver con el candidato de Fuerza por México al municipio de Acapulco, José Alberto el Güero Alonso.
Las primeras investigaciones señalan que el candidato subía a una camioneta para realizar una gira de trabajo cuando fue agredido. El aspirante fue trasladado a un hospital donde se le reportó como estable. En su cuenta de Twitter, personal de su planilla publicó: “Nuestro candidato José Alberto el Güero Alonso fue víctima de un cobarde atentado en la costera vieja a la altura del club deportivo. Viajaba en su camioneta con su escolta.Pronto se darán nuevas noticias. Gracias”.
José Alberto estaba acompañado de su escolta, quien presuntamente repelió la agresión.
En 2018, José Alberto Alonso Gutiérrez, entonces aspirante a síndico, sufrió un primer atentado, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba.
Alonso Gutiérrez es sobrino del empresario Joaquín Alonso Piedra, quien a su vez es señalado como presunto operador del cártel de los Beltrán Leyva, que se encuentra desde hace años en la joya turística. El Güero Alonso se desempeñó como director de Saneamiento durante la administración de Luis Waltson Aburto.
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