Un total de 767 personas privadas de su libertad ya ejercieron su voto en estas elecciones intermedias del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales han sido calificadas como las más grandes en la historia del país.
Y es que el Instituto Nacional Electoral (INE), realizó los pasados 17, 18 y 19 de mayo la prueba piloto de “Voto de Personas en Prisión Preventiva” para las elecciones de diputaciones federales. Aunque el organismo informó que 2,200 presentaron su intención de participar, solo 949 cumplieron con los requisitos.
Sin embargo, organizaciones civiles que integran el observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión “Libres para Elegir” informaron este martes al final fueron 766 reos (sin sentencia condenatoria) los que emitieron su voto: 142 mujeres y 624 hombres, que representaron en conjunto un 80.7% de participación de la lista nominal final, quienes provenían de los penales número 11 varonil en Sonora, 12 varonil en Guanajuato, 15 varonil en Chiapas, 16 femenil en Morelos y 17 varonil en Michoacán.
De los cinco penales considerados para la prueba, los de Guanajuato, Chihuahua y Sonora fueron los que contaron con mayor número de personas dentro de la Lista Nominal de Electores de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva (LNEPP), conformada por el INE.
Las jornadas electorales en los cinco centros penitenciarios se realizaron sin incidentes, pero la organización “Libres para Elegir” señalaron que en este ejercicio no hubo transparencia ni pleno acceso a la información para este sector de la población, además de que las autoridades electorales y penitenciarias prohibieron la observación ciudadana del ejercicio.
“Pese a realizar gestiones y solicitudes formales y llamamientos públicos, las organizaciones y personas defensoras que conformamos el observatorio no fuimos autorizadas para participar como observadoras y observadores en la jornada de voto anticipado, pues esto no estuvo ‘contemplado’ en el modelo”
En este sentido, el observatorio sugirió a las autoridades modificar sus mecanismos para futuros ejercicios de voto en prisión, con el fin de garantizar la verdadera transparencia y participación ciudadana.
Por ejemplo, la organización Artículo 19 detectó que si bien a las personas privadas de la libertad se les proporcionaron boletas electorales, instructivos de votación e información de los partidos políticos, no hubo información oportuna, accesible y suficiente sobre los candidatos y cargos de elección popular en juego.
Esto derivó en que, a la hora de la votación, algunas de las personas en prisión preventiva manifestaran confusión o dificultad de comprender a cabalidad la información entregada, lo que refleja una necesidad de generar materiales accesibles.
Incluso, el observatorio relata la experiencia de una de las mujeres en prisión que participó en el ejercicio:
“Ella se sentía muy nerviosa porque tenía muchos años sin ver este tipo de documentos. Estaba confundida porque no había ninguna propuesta que reflejara las necesidades que ella sentía: “¿Qué hago? ¿qué hago?”.
El observatorio manifestó que, si bien se trata de un programa piloto, puede ser la oportunidad para que, rumbo a las elecciones de 2024, se perfeccione y dichos errores se puedan subsanar.
Para ello, propuso la elaboración de mesas de trabajo entre organizaciones civiles, familiares de personas en prisión preventiva y autoridades electorales y penitenciarias para determinar herramientas de observación, transparencia y rendición de cuentas, además de mecanismos para un acceso a la información suficiente y de calidad que fortalezcan los próximos ejercicio electorales dentro de estos espacios.
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