El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dejó claro, desde el pasado 21 de mayo, que no ratificará a Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México (Banxico).
En su lugar, indicó propondrá a “un economista, de mucho prestigio, un profesional, que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera”. Un economista con dimensión social, recalcó este lunes, “muy partidario a la economía moral”.
El mandatario subrayó que de acuerdo a la Constitución, corresponde al titular del Ejecutivo enviar al Senado la propuesta del nuevo gobernador de la entidad, y “lo voy a hacer”, declaró.
AMLO, como también se conoce al gobernante, dijo no estar de acuerdo con “muchos técnicos del sexenio pasado y del periodo neoliberal”. Y todo se remonta, explicó, a una de las acciones ejercidas por Díaz de León desde su gestión: el aval para la compra de plantas de fertilizantes en 2015, lo que recordó, dejaron una deuda de mil millones de dólares, al ser adquiridas a “precios elevadísimos”.
“¿Cómo se justifica eso?, dice que él apenas iba llegando”, reclamó sobre la postura del gobernador de Banxico ante los cuestionamientos, “estaba trabajando en Hacienda, luego lo mandan a Nacional Financiera y ya habían hecho la operación pero a él le tocó firmar el acuerdo, si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado”, apuntó.
Cabe recordar que uno de los casos en los que estuvo involucrado Emilio Lozoya cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien ahora es juzgado por la justicia mexicana tras su extradición el pasado julio desde España, fue la compra de la empresa de fertilizantes Fertinal, lo cual ocurrió en 2015 y provocó la pérdida de 565.7 millones de pesos a la empresa productiva del Estado.
El asunto quedó sin castigo por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio carpetazo a seis de las siete investigaciones del caso por “falta elementos”.
Agro Nitrogenados era una empresa que se privatizó en 1990 y quedó prácticamente parada hasta el 2014 que el Estado la recompró a sobre precio, cuando Emilio Lozoya Austin, era director de Pemex, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por la planta chatarra el gobierno pagó 475 millones de dólares, a pesar de que estaba prácticamente cerrada, con la intención de reducir las importaciones y tener control del mercado de fertilizantes y derivados.
El hecho es que no se llegó ni a la mitad de la producción esperada que era cinco por ciento menor a la que tenía la empresa antes de la compra. Fue una compra incomprensible, pero que tiene sentido cuando se comienzan a saber las operaciones financieras posteriores entre Ancira y Lozoya.
Mientras que en 2016, la división de Pemex Fertilizantes recompró de manera irregular la empresa Grupo Fertinal (antes Fertimex), que tenía una planta en Michoacán y una mina en Baja California Sur. Fue adquirida a sobreprecio que generó pérdidas al erario por 565 millones de dólares. Las autoridades mexicanas concluyeron que las paralizadas plantas fueron adquiridas con sobre valor lo que implicó un desfalco a la Hacienda pública por unos 1,325 millones de dólares.
Analistas y expertos en el tema, sin embargo, ven la decisión del presidente López Obrador desde una expectativa preocupante.
Como antecedente, mencionan algunos, está el intento de echar a andar la llamada “Ley Banxico”, que resultó bastante polémica a finales del pasado 2020. Desde el gobierno alegaban que ayudaría a incrementar las reservas de dólares y remesas del extranjero. Pero desde fuera señalaban el riesgo de una vulneración a la autonomía del Banco de México (Banxico) y que incrementaba el riesgo de que se lavara dinero a través de ese mecanismo.
La legislación no avanzó. No obstante el hecho de que el mandatario no quiera ratificar a Alejandro Díaz, el próximo diciembre, como gobernador de Banxico, nuevamente representa esfuerzos de parte del gobierno por alinear a la entidad bancaria a su política y, prácticamente, a su voluntad.
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