El Congreso de Tamaulipas interpuso una controversia constitucional contra la orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) para detener al gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De ese modo, el proceso abarca al juez de Distrito que otorgó el mandamiento judicial, pues a decir del legislativo tamaulipeco, se trata de un acto que afecta la esfera constitucional del Congreso estatal.
“La orden de aprehensión de referencia afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 14 de mayo por un ministro de la SCJN”, destacaron los diputados tamaulipecos.
De acuerdo con el reporte, la acción fue presentada este viernes 21 de mayo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal que se encargará de evaluar si atrae o desecha el juicio.
“El Poder Legislativo local determinó en su oportunidad, no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cual implica que el Gobernador del Estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra”, argumentaron los legisladores de Tamaulipas.
Apenas este 19 de mayo, la FGR obtuvo una orden de arresto en contra de García Cabeza de Vaca por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Sin embargo, el Congreso estatal, con mayoría afín al gobernador, considera que la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero está actuando indebidamente y fuera de su competencia, porque el panista tiene inmunidad constitucional como Ejecutivo de Tamaulipas.
Pues hace una semana, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó atraer la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, e indicó que podrían investigarlo cuando concluya su mandato, en 2022.
Fue a finales de febrero pasado cuando la FGR solicitó que se retirara el fuero al gobernador de Tamaulipas para procesarlo por defraudación fiscal.
Derivado de que el panista adquirió un departamento en Santa Fe, Ciudad de México, mediante un crédito financiado por dos empresas fantasma que en su momento fueron utilizadas por el Cártel de Sinaloa.
En consecuencia, la Cámara de Diputados actuó como órgano acusador y aprobó el desafuero de García Cabeza de Vaca para que fuera procesado como cualquier ciudadano.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas presentó un punto de acuerdo donde rechazó la declaración de procedencia para quitar inmunidad al Ejecutivo estatal. Como respuesta, la FGR decidió que podía seguir sus acciones contra el gobernador por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La nueva orden de arresto en contra de Cabeza de Vaca se derivó de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según confirmaron fuentes de esa dependencia a este medio.
Esas acusaciones apuntan a propiedades que el gobernador y sus familiares adquirieron en Texas, incluidas aquellas que no corresponden con su salario ni el registro público de su patrimonio.
Sin embargo, Cabeza de Vaca no sería el único bajo la mira de la justicia, pues solo es uno entre varios que conforman una lista que el FBI entregó a través de la Embajada de Estados Unidos a México para que se entregue información recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su relación al delito de lavado de dinero. Entre esas personalidades estarían miembros de su familia.
Luego de que se conociera sobre la orden de arresto, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que había ordenado congelar las cuentas “red” del gobernador, así como las de 12 personas físicas y 25 jurídicas vinculadas en este caso, luego de que se hiciera pública la orden de arresto.
Hasta la tarde de este 21 de mayo, García Cabeza de Vaca se encontraba en Ciudad Victoria, resguardado en Casa Tam, la cual funciona como residencia oficial del gobernador. A las afueras instaló una mesa como Oficialía de Partes para ser notificado de mandamientos judiciales en su contra.
Durante todo este proceso, el panista ha acusado que hay una persecución política en su contra por ser de la fracción opositora. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración ya emitió una alerta para verificar, registrar e informar sobre el cruce del gobernador por cualquier puerto nacional, ya sea que viaje por vía aérea, marítima o terrestre. Está cercado y podría ser detenido en cualquier momento.
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