El diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este miércoles 19 de mayo la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular que permitirá hacer un ejercicio consultivo al pueblo de México para iniciar investigaciones contra los ex presidentes de la república y en caso de encontrar pruebas pertinentes, mandarlos a juicio.
De acuerdo con el texto publicado, esta reforma se publica con apego a derecho pues “la aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia”.
La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación, de tal modo que se utilizara este recurso para conocer el parecer de los habitantes de México respecto a administraciones pasadas.
Con esta reforma, promovida por Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) inicia la posibilidad de investigar y llevar a juicio a los últimos cinco ex presidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Para materializar este decreto se tuvo que realizar un trabajo interdisciplinario que comprendió un análisis profundo de las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así como una revisión al Presupuesto de Egresos de la Federación para la destinación de recursos y el apego a derecho de esta, pues no puede ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“La solicitud que provenga de las ciudadanas y los ciudadanos se presentará ante la Presidencia de la Mesa Directiva de cualquiera de las Cámaras”, se especifica en estricto apego al respeto de la voluntad ciudadana.
De este modo se procurará garantizar la legalidad, transparencia y legitimidad del proceso consultivo que se realizará el domingo 1 de agosto.
En cuanto a la historia del cómo se pudo avanzar en esta reforma, cabe destacar el trabajo implementado por la militancia de Morena alrededor de la república, pues se dio a la tarea de recabar las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta.
Derivado de esta tarea, se logró acumular 2.5 millones de firmas para validar esta petición ciudadana. “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”, era lo que se preguntaba en la boleta de participación ciudadana.
Grabaciones que circulan en redes sociales dieron cuenta del cúmulo de las firmas, pues mientras los ciudadanos entraban a las instalaciones de la Cámara de Senadores con cajas llenas de papeletas.
Meses después se informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no otorgará recursos adicionales al INE para que realicen la consulta, acto que no fue bien recibido por el órgano que preside Lorenzo Córdova, ya que el consejero presidente, indicó que el 19 de abril recibió el oficio en el que se informa “de la imposibilidad de atender la solicitud presupuestal que hizo el INE y la recomendación de utilizar los recursos con que se cuenta para este año”.
“Lamentablemente se concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos por parte de los tres Poderes de la Unión que estuvieron involucrados en la aprobación de esta consulta. No se puede autorizar la utilización de recursos que este Instituto hoy no tiene”, agregó.
Esto porque el 6 de abril, el INE propuso a la Secretaría de Hacienda la instalación de unas 91,000 casillas para llevar a cabo la consulta para investigar por corrupción a ex presidentes, esto con el objetivo de reducir el presupuesto del ejercicio.
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