La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) volvió a verse involucrada en una polémica este miércoles iniciada por su magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, quien solicitó a sus compañeros que enviaran sus votaciones antes de que se lleven a cabo las sesiones oficiales, algo que cinco magistrados ya rechazaron por falta de sustento legal.
Todo comenzó con el oficio que el Secretario General de Acuerdos, Carlos Vargas Baca, envió a los siete magistrados integrantes de la Sala Superior este martes, pero que se hizo pública recién un día después. En el documento, precisa que “por instrucciones del magistrado presidente”, el funcionario necesitará conocer el sentido de los votos de los magistrados.
“Me permito hacer de su conocimiento que, derivado del acuerdo aprobado por el Pleno de esta Sala Superior, el pasado 12 de mayo de 2021, en el cual se determinó la supresión de la reuniones previas para tratar los asuntos de sesión pública y pasar directamente a la misma, me resulta importante contar con su valioso apoyo a efecto de estar en posibilidades de preparar el desarrollo de las mismas, en aspectos tan relevantes como el resultado de la votación que se adopten en los asuntos sometidos a consideración del Pleno”, señala el documento.
“En ese sentido, mucho les agradeceré su valiosa colaboración para que, de no existir inconveniente, se sirvan instruir a quien corresponda para que me sean enviados, antes del inicio de la sesión privada, en el formato que enviaré, el sentido de su voto en cada uno de los asuntos listados para ser discutidos y resueltos en la sesión pública”, añade.
Por último, el Secretario General de Acuerdos señaló que en caso de no poder contar con la información solicitada, de conformidad con las atribuciones conferidas al presidente del TEPJF, “la sesión pública será suspendida momentáneamente, y cuantas veces llegue a ser necesario, a efecto de contar con las condiciones óptimas para poder reflejar de manera clara y puntual el resultado de la votación de las y los magistrados”.
“Y, en consecuencia, que se lleva acabo de la lectura de los puntos resolutivos, y declaratoria correspondiente, que deriven de la determinación adoptada por el Pleno en cada asunto y de ser el caso, los ingresos o retornos correspondientes”, finaliza el documento.
La situación causó revuelo, ya que algunos expertos lo vieron como una amenaza directa a los magistrados y su independencia, ya que, en caso de no adelantar el sentido de sus votos en los asuntos a discutirse después, Vargas Valdez suspendería las sesiones.
Sin embargo, el TEPJF aclaró la situación en un comunicado este mimso miércoles. “En las sesiones previas de la Sala Superior del TEPJF era práctica regular que los magistrados y los magistrados dieron a conocer el sentido de su votación en los asuntos que posteriormente se resolvían en las sesiones públicas”, aseguraron.
“Este paso previo, de práctica común y no implementado en la actual presidencia, permitía a la Secretaría General de Acuerdos organizar con antelación el conteo de los votos y conocer el sentido de los puntos resolutivos a los que, en términos de las disposiciones reglamentarias, el magistrado presidente debe dar lectura al término de la votación de cada asunto y con eso dar celeridad y claridad a las sesiones públicas, siempre bajo el entendido de que los magistrados y los magistrados podían cambiar su voto y emitirlo libremente en ese momento”, destacaron.
“Derivado del acuerdo del pasado miércoles 12 de mayo, para ya no realizar sesiones previas a la sesión pública, lo que impide contar con el sentido de la votación, la Secretaría, por instrucciones del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, hizo la solicitud de ayer de la citada información, que las y los magistrados pueden entregar o no, pues este carácter voluntario y no obligatorio, para permitir que la sesión pública tenga continuidad”, completaron.
De no contar con dichos datos, ahondaron, se prevé realizar breves pausas a la sesión pública, con base a las disposiciones de la ley y por instrucciones del magistrado presidente, con el fin de permitir un conteo adecuado y claro de los votos y emitir la lectura de los puntos resolutivos y la declaratoria correspondiente, que deriven en la determinación adoptada por el pleno de la sala superior en cada asunto y, en su caso, los ingresos o retornos que correspondan.
“Por lo tanto, es totalmente falso que se pretenda cancelar la sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto de los magistrados y los magistrados; simplemente se tomara un poco más de tiempo conocer la sentencia final en cada uno de los asuntos como siempre hecho el TEPJF, con transparencia, de cara a la ciudadanía, y en aras de garantizar la certeza de las votaciones del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral”, concluyeron.
Pero ya era demasiado tarde, porque, en una carta firmada por cinco de los siete magistrados de la Sala Superior (Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora, Indalfer Infante Gonzales y Felipe de la Mata), rechazaron participar de este formato propuesto por el presidente del TEPJF.
“Consideramos que no es atendible la solicitud que nos ha sido enviadas, por qué no cuenta con un sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la deliberación de los asuntos que se presentan con ellos llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que nos rigen como juzgador y juzgadores”, expresaron en un comunicado.
Es por ello que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuestas y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa
Los cinco magistrados mostraron también su “rechazo enérgico” a la petición de Vargas Valdez ya que atenta contra su “independencia y autonomía”. “En segundo lugar, la pretensión que nos fórmula en el oficio puede inducir a incurrir en una responsabilidad, en tanto que se nos pide adelantar la emisión de nuestro voto antes de discutir los asuntos listados en la sesión pública de resolución”, dijeron.
“En tercer lugar, la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado, como lo es esta Sala Superior. La petición de enviarle al Secretario General de Acuerdos el sentido de nuestros votos, antes de la sesión pública de resolución, supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional, o bien que la deliberación judicial resulte irrelevante o es innecesaria en un Tribunal Constitucional de cierre”, añadieron.
“En ese sentido, la petición que nos ha sido formulada atenta contra la autonomía independencia con la que nos encontramos revestidos como juzgadores, en razón de que se nos pretende delimitar la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se puede reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos”, concluyeron los magistrados.
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