A poco de que se cumplan seis años del multihomicidio en la colonia Narvarte de la activista Nadia Vera, del fotoperiodista Rubén Espinosa, Mile Virginia, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió un informe especial relacionado con el caso que puso los focos en una red de prostitución.
Cinco años después de la masacre se sabían pocos detalles y la investigación seguía sin mostrar avances significativos, denunciaron a EFE miembros de la ONG Artículo 19. Las cinco víctimas fueron asesinadas en el número 1909 de la calle Luz Saviñón tras haber sido sometidas a actos de extrema violencia.
El informe de la fiscalía, citado por Televisa Despierta, abrió una nueva hipótesis que aclararía el móvil y los objetivos de los asesinos. Cabe recordar que por este caso hay tres hombres encarcelados: el ex policía Abraham Torres Tranquilino (único sentenciado), y Daniel Pacheco Martínez y César Omar Martínez Zendejas, quienes todavía esperan la resolución final de un juez.
La nueva investigación, en la que habrían participado un equipo de científicos, peritos especializados e investigadores; concluyó que los perpetradores del asesinato desconocían las actividades a las que se dedicaban Nadia Vera y Rubén Espinoza.
Supuestamente el móvil del asesinato múltiple estaría relacionado con un grupo delictivo que explotaba sexualmente a dos de las víctimas: Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, y la maquilladora Yesenia Quiroz.
El reportaje, a cargo del periodista Antonio Nieto, detalló que el objetivo de los victimarios eran las dos mujeres, quienes supuestamente también se dedicaban al narcomenudeo y tenían la intención de ofrecer sus servicios sexuales de manera independiente. Según este nuevo reporte se rehusaron a seguir siendo explotadas sexualmente y por esta razón habrían sido asesinadas.
“En este caso hay indicios fuertes de que las personas que cometieron este crimen conocían a dos de las víctimas. Dos mujeres que podían ser víctimas de explotación sexual. Esa relación que el gobierno no ha querido identificar es una de las cosas sobre las que el informe pone el ojo: las bandas que controlan la prostitución”, dijo a Noticieros Televisa Héctor Pérez, abogado de las víctimas.
“A la fiscalía de Miguel Ángel Mancera nunca le interesó conocer la verdad”, agregó.
Los tres individuos en prisión son los únicos autores materiales, según la indagatoria, pero formarían parte de una banda en la que operan otros sospechosos, uno de ellos un taxista apodado “El Pillo” y dos narcomenudistas con quienes Mile y Yezenia tenían “bastante comunicación”.
Abraham Tranquilino, por su parte, tenía una relación de amistad con Mile Martín, lo que habría facilitado que el día de los hechos ella le abriera las puertas del departamento bajo el engaño de que la ayudaría a crear una página web para ofrecer sus servicios sexuales.
Tanto Rubén, de 31 años, como Nadia habían huido meses antes de su muerte en el estado de Veracruz, donde denunciaron amenazas y hostigamientos presuntamente relacionadas con su labor, a menuda incómoda para el ex gobernador Javier Duarte (2010-2016).
Quienes conocían a Rubén Espinosa, una de las víctimas, dijeron que tenía poco tiempo de haberse mudado a la capital del país. Supuestamente dejó Veracruz porque padeció acosos y amenazas cuando trabaja en el gobierno municipal de Xalapa, debido a una colaboración que hizo con la revista Proceso y que incluía fotografías del ex gobernador de Veracruz, actualmente preso en una cárcel de la capital por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Familiares, asociaciones civiles y activistas, señalaron que los asesinatos tenían que ver con el ex funcionario veracruzano.
Sin embargo, la línea de investigación principal de la PGJDF fue el robo, a pesar de que una inquilina que compartía el departamento con Mile declaró que los delincuentes solamente se llevaron 6,000 pesos. Además, la policía encontró varios objetos de valor en el departamento.
Ahora los familiares de las víctimas también quieren sancionar a los ex procuradores Rodolfo Ríos, Edmundo Garridos y al subprocurador Marco Peña, quien calificó el caso como una “exquisitez” al argumentar que no era obligación de la PGJDF resolverlo.
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