PRI va por reforma al fuero presidencial: buscan retirar “procedimiento especial”

Los diputados opositores proponen modificar el artículo 111 Constitucional para que el proceso de un posible desafuero contra el presidente de México no pase por el Senado sino sea definido en la Cámara de Diputados, como el resto de servidores

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El Congreso amplió en 2020
El Congreso amplió en 2020 el catálogo de delitos por los que un presidente puede ser juzgado y sancionado (Foto: Steve Allen/ Infobae México)

Un grupo de diputados del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional) propusieron este lunes una reforma constitucional que permita modificar el proceso para el posible desafuero del presidente de México, en el que buscan cambiar al Senado por la Cámara de Diputados para procesar las eventuales solicitudes de procedencia contra un mandatario federal.

Los legisladores priistas propusieron modificar el artículo 111 de la Constitución Política en materia de fuero, para que el Presidente de la República no tenga “un procedimiento especial” cuando sea sujeto de un juicio de procedencia para retirarle su inmunidad procesal.

Las diputadas Dulce María Sauri, Mariana Rodríguez Mier, Claudia Pastor y los diputados René Juárez y Enrique Ochoa informaron que presentaron una iniciativa al respecto, con la finalidad de homologar dicho proceso.

Indicaron que, con base en la legislación penal aplicable, el proceso de un eventual desafuero del presidente de la República debe pasar y resolverse por el Senado de la República, lo cual no sucede con otros servidores públicos, ya que es la Cámara de Diputados la que resuelve, como se vio en el reciente desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La reforma propuesta por los
La reforma propuesta por los priistas fue impulsada también por Dulce María Sauri, presidenta en San Lázaro el último año de la LXIV Legislatura (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

“La propuesta se pronuncia por conservar la protección constitucional al cargo de Presidente de la República y en caso de que existan acusaciones por la comisión de actos delictivos, que sea la Cámara de Diputados la que durante la declaratoria de procedencia, resuelva si ha lugar a poner al inculpado ante las autoridades competentes, dando cauce jurídico al mandato constitucional de que en caso de que cometa algún ilícito, pueda ser imputado y juzgado”, puntualizaron los legisladores del PRI.

“Es decir, se debe seguir el mismo procedimiento a todos los servidores públicos, sin privilegios, y la Cámara de Diputados mantendrá su función de resolver si quedan o no a disposición de un juez para que los condene respecto al delito por el que se les acusa”, agregaron.

Los diputados del PRI señalaron que, aunque el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha afirmado reiteradamente que con la reforma legislativa aprobada en 2020 quedó eliminado su fuero, “la realidad es que los cambios no cumplieron con ese objetivo, toda vez que la inmunidad procesal para el cargo se mantiene”.

Además, dijeron, hay ventajas en caso de que la Cámara de Diputados lleve a cabo el proceso de declaratoria de procedencia contra el presidente, en lugar de retirar la inmunidad procesal y poner al inculpado a disposición de las autoridades competentes, como sucede con cualquier otro servidor público, el artículo 111 constitucional dispone que “sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

La reforma requeriría de mayorías
La reforma requeriría de mayorías calificadas en ambas Cámaras del Congreso para ser aprobada (Foto: Cuartoscuro)

“Para las y los diputados del PRI la Constitución Política contiene los principios fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación, tanto en derechos como en garantías, por eso, la reforma propuesta en la iniciativa es homologar el proceso de desafuero del Presidente de la República con el de los otros servidores públicos”, finalizaron.

Sin embargo, la reforma, al ser constitucional, necesitaría dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados, actualmente controlada por Morena, el partido de López Obrador, mismo escenario que se presentaría en el Senado.

Incluso si Morena perdiera la mayoría en las elecciones del próximo 6 de junio, las encuestas le dan todavía una ventaja al oficialismo, ya que alcanzaría la mayoría con la ayuda de sus aliados parlamentarios, como el Partido Verde y el PRI sería la primera formación opositora en San Lázaro.

Además, fuentes de Morena en el Senado aseguraron a Infobae México que una reforma de este tipo sin el consenso morenista no tiene futuro en dicha Cámara, y mucho menos los números necesarios para avanzar una eventual reforma constitucional con mayoría calificada.

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