La ya aprobada extensión de mandato de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene detrás un tema “más delicado y serio” de lo que parece. Pues un investigador en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Rabasa Gamboa, asegura que esto pone en boga “el modelo defensor de nuestra Constitución y con ello la forma de gobierno”.
En su análisis, el abogado señaló que la SCJN se convirtió en un Tribunal Constitucional con la reforma judicial de 1994, un paso con el que México se acogió al modelo de “control jurisdiccional”. Este modelo tiene su premisa fundamental en que “el derecho debe controlar al poder, por lo tanto, la función política de la Constitución consiste en poner límites jurídicos al ejercicio del poder”.
Sin embargo, la prórroga promulgada y publicada del transitorio 13 para Zaldívar responde a un modelo opuesto al desarrollado en México. Se trata del llamado “control político”, el cual, señala, fue desarrollado por Carl Schmitt y asegura que “el defensor constitucional debe ser no un tribunal, sino el Jefe de Estado, bajo la premisa de que es el poder el que debe controlar el derecho”, escribió el especialista en El Universal.
Además, desde este punto de vista también entra en el mapa “la dictadura soberana”. Según Rabasa Gamboa esta se define cuando el pueblo es considerado como algo homogéneo que “se relaciona sin mediaciones de manera particular con el Jefe de Estado, manifestando su adhesión a las decisiones de este a través de la aclamación”.
Con estos dos panoramas en la mesa, el jurista recalca que el control jurisdiccional de la Suprema Corte recae principalmente en la autonomía, una premisa que queda destruida con la extensión de Zaldívar. “Se hace añicos con el transitorio 13 al violar los artículos 49 (división de poderes); el Legislativo invade al Judicial, el 97 (facultades expresas); el Legislativo designa al ministro-presidente y no el Pleno y el 133 (supremacía constitucional); un transitorio prevalece sobre la Constitución”.
Es entonces cuando las transgresiones constitucionales de la aprobación del Senado responden en mayor medida a las postulaciones de Schmitt, pues el Jefe de Estado erige como defensor de la Constitución con el único objetivo de garantizar la reforma judicial.
El jurista asegura que dentro de este contexto, los votos será históricamente relevante, pues “para perfeccionarlo se requiere que los ministros también se plieguen, como legisladores morenistas, a la ampliación del mandato de su presidente y resuelvan a favor de ese transitorio”.
Son necesarios ocho votos “para la inconstitucionalidad”, aseguró el docente, quién agregó que si esto sucede: no se estaría reconociendo la voluntad del pueblo mexicano para constituirse como una República, representativa, democrática, laica y federal.
Arturo Zaldívar se ha encontrado en el centro de la polémica, luego de que en las últimas semanas ambas Cámaras del Congreso autorizaran, en el marco de la reforma a las leyes secundarias del Poder Judicial, y con el argumento de que él implementará los cambios, le fue extendido su mandato al frente de la Corte de 2022 a 2024, con lo que coincidiría con el final del sexenio de López Obrador.
El presidente de la SCJN ha rechazado públicamente posicionarse sobre la ampliación de su mandato; sin embargo, sí aseguró tras la aprobación en el Congreso que cumpliría con la presidencia del máximo Tribunal del país por el tiempo que había sido elegido por sus compañeros ministros y que en su momento, cuando
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