Las empresas de telefonía y el Gobierno Federal podrían dejar sin servicio hasta 30 millones de mexicanos que no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.

Así lo afirmó este martes Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group, durante el foro virtual de la asociación civil Causa en Común, donde se abordó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada el pasado 17 de abril, que crea el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).

Entre los datos que se exige en dicha ley están número de línea, fecha de activación, nombre del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y la polémica recopilación de la huella digital, reconocimiento de voz y el iris.

Además, Negrete aseguró que el PNUTM agravaría el problema de 40 millones de personas sin acceso a las tecnologías de la información en un país donde, además, el 70 % de las líneas son de prepago.

Por su parte, María Elena Morena, presidenta de Causa en Común, aseveró que solo 17 países de corte “autoritario”, como Venezuela, China, Nigeria y Paquistán, exigen los biométricos a los usuarios. “Un padrón con estas características puede ser una catástrofe, especialmente para los más pobres, además es solo propio de dictaduras”, expresó.

Mientras que Max Kaiser, presidente de la comisión anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que es muy peligroso que con esta medida legislativa se busque invadir la esfera de privacidad de las personas.

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.

Sin embargo, la reforma está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos.

Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el pasado 27 de abril que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 16 de abril, Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal Electoral (IFT), dijo que la implementación e instalación del sistema informático para cumplir con el polémico padrón costará al rededor de 700 millones de pesos al instituto regulador.

En una entrevista radiofónica para el medio Enfoque Noticias, Cuevas aseguró que el IFT no dispone de dicha cantidad de dinero, pues en su presupuesto no hubo previsión alguna para este propósito, por lo que cuando el cumplimiento del padrón sea promulgado, el instituto que dirige hará saber a Hacienda que necesitan esos recursos.

Además de esto, el IFT requiere de al rededor de 100 millones de pesos para operar el sistema, cantidad que tampoco se tiene.

Cuevas expresó la preocupación por parte del IFT por lo que significa el reto de manejar datos personales, la privacidad y la seguridad, así como las prácticas internacionales y la experiencia fallida del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se intentó implementar durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

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