El director general de Integralia Consultores y Consejero presidente del IFE en 2003, Luis Carlos Ugalde, declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al candidato Adrián de la Garza porque el repartir tarjetas no se considera un delito electoral.
El pasado 11 de mayo en su conferencia matutina, el presidente de la República informó que denunció a dos de los candidatos por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” y Samuel García por el partido Movimiento Ciudadano, por cometer fraude electoral.
Un día antes, la Fiscalía de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), indicó que se abrió una carpeta de investigación contra los dos aspirantes por presuntos delitos electorales; la carpeta correspondiente a De la Garza es atribuido por solicitar el voto femenino a través de la entrega de “tarjetas rosas”.
Sobre la denuncia que realizó el mandatario a la FGR al candidato de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, Ugalde señaló que repartir tarjetas con un beneficio a futuro en caso de que gane las próximas elecciones no es “un delito en sí mismo”.
En entrevista radiofónica con Denise Maerker, el también profesor universitario indicó que Adrián de la Garza sólo hizo publicidad; “lo que De la Garza está haciendo es promocionar su campaña a través de una tarjeta para beneficio de la persona y de su familia”, dijo, “eso no es un mal uso electoral porque el programa ni siquiera existe”.
Detalló que el artículo 19 de la Constitución, “del que tanto habla Obrador”, no aplica a la tarjeta que reparte el candidato, ya que según el artículo constitucional, tendrá prisión preventiva aquella persona que promueva programas sociales en tiempos electorales.
Aseguró que el abanderado del PRI no repartió un programa social, pues no condicionó el voto femenino ni recabó datos para entregar las tarjetas.
“Lo que hizo De la Garza no fue repartir un programa social, él no está coaccionando el voto ni está condicionando el programa social a cambios de votos. Lo que hizo es publicidad, propaganda, sólo está entregando una tarjeta de cartón. Lo que está prohibido es que se recaben datos electorales con el fin de obtener esa tarjeta, eso es clientelismo electoral”, comentó Carlos Ugalde.
Declaró que está mal que el presidente “de un manotazo” y exija a la Fiscalía de delitos electorales que actúe “porque esa no es su función, está violentando el proceso y está tratando de descarrilar a un candidato”.
Por su parte, al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se le acusa de fraude fiscal y bienes de origen ilícito utilizados para fines electorales, se le investiga junto a su padre Samuel Orlando García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú.
Sobre el caso, Ugalde informó que la investigación puede llevar meses, “para que un juez otorgue una orden de detención, la investigación tendría que durar varios meses, por lo tanto no podría ser antes de la elección”; en el caso de Adrián de la Garza, no constituye un delito electoral por lo que no procede una detención.
Las acusaciones a los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León no tendrán efecto judicial hasta pasadas las elecciones del 6 de junio, sin embargo, esto tendría “base para la anulación de las elecciones en Nuevo León, la misma estrategia ocurrirá en otras entidades. Si no ganas, revientas”, escribió horas antes en su cuenta de Twitter.
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