El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que prohíbe la subcontratación en México. Esta ley, que se ha discutido en diferentes instancias desde finales del 2020, no solamente incluye las reformas mediante las cuales “Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”, sino que también afectará la manera en la que se realiza el reparto de utilidades al interior de las empresas.
En el diálogo entre las y los legisladores con representantes de diferentes empresas y especialistas en el tema, se acordó que también se incluirá una medida para establecer un tope al reparto de utilidad que reciben las y los trabajadores cada año.
El abogado Luis Ruiz Gutiérrez de la firma de abogados especializada en temas laborales, Hogan Lovells, explica que el límite máximo que un trabajador podrá recibir por concepto de participación de utilidades (PTU) se calculará con el promedio de la PTU recibida en los últimos tres ejercicios fiscales o con la suma de los tres meses de salario del trabajador o trabajadora.
Sin embargo, esta reforma no entra en sustitución de las otras medidas que ya consideraba la ley para el cálculo de utilidades que corresponde a cada trabajador. Es decir, esta ley que data de 1980, ya contaba con herramientas para el cálculo de la PTU que no serán sustituidas por las medidas que se añaden en esta nueva reforma.
Según el licenciado Luis Ruiz, esta situación “va a generar muchas controversias, va a crear confusiones”. El abogado hizo énfasis en las controversias que la nueva medida va a generar respecto el tope en la PTU que ya estaba contemplado en la ley para las y los trabajadores sindicalizados.
Él explica que, actualmente, para quienes laboran en una empresa a través de un sindicato, la PTU se calcula tomando en cuenta el salario de los llamados “trabajadores de confianza”: si el salario de estos últimos excede en un 20% al de quienes pertenecen a un sindicato “ese salario del sindicalizado incrementado en un 20% será el tope que se deberá de considerar como el salario para los trabajadores sindicalizados”.
De tal forma que ese límite en el reparto de utilidades, comparado con el que ahora se implementará, podría no ser favorecedor para las y los trabajadores sindicalizados. Ante esta situación, el abogado Ruiz Gutiérrez predice que probablemente surgirán impugnaciones desde los empleados inconformes.
“Probablemente esto traiga consigo impugnaciones por malestar ya sea por parte de sindicatos o bien por parte del personal no sindicalizado que pudiera estar esperando un resultado más favorable para ellos”, son las palabras con las que el abogado describe el escenario que seguirá a la entrada en vigor de las reformas.
Aunque considera que una futura reforma para resolver las controversias es posible, él más bien cree que los conflictos se irán resolviendo a través de juicios que en algún momento podrían llegar a generar jurisprudencia.
Pese a que las impugnaciones a las reformas surgirán pronto, según la predicción del abogado, él cree que “Va a ser un proceso largo” debido a que, por medio de la jurisprudencia, “lleva normalmente varios años lograr un criterio que ya resultaría obligatorio para todos”.
A partir de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tendrán 90 días para tomar las medidas necesarias con el objetivo de acoplarse a las reformas contempladas en la nueva ley.
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