El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió la impugnación contra la candidatura de Maru Campos, aspirante del PAN a la gubernatura de Chihuahua, esto en virtud de los señalamientos realizados por la fiscalía local por su presunta responsabilidad en actos de corrupción ligados al sexenio de César Duarte, ex gobernador del PRI.
El recurso, promovido por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue marcado como procedente por la Sala Superior de la autoridad electoral con el expediente SUP-JRC-055/2021 y asignado a la magistrada Mónica Soto Fregoso este lunes 3 de mayo.
Desde que la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) fue elegida como la candidata oficial en coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), diversas fuerzas políticas lo señalaron como una arbitrariedad, pues de acuerdo con lo referido por la Fiscalía General del Estado (FGE), Campos Galván es presunta responsable de haber recibido 9 millones de pesos en sobornos para dejar operar los presuntos actos ilícitos de Duarte Jáquez.
Es en este contexto que la representación de los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Morena presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral de Chihuahua (TEC); sin embargo, ésta fue rechazada, motivo por el que el partido magenta acudió a la instancia federal y solicitar que se revise la legitimidad de la candidata.
Román Alcántar Alvídrez, representante legal de Morena, apuntó después de presentar la impugnación que Maru Campos no cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la Constitución de Chihuahua y argumentó que las autoridades electorales deben de garantizar a los ciudadanos de la entidad un gobernante honesto.
Cabe destacar la investigación realizada por la FGE en la llamada Operación Justicia para Chihuahua, donde Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua ha liderado una serie de pesquisas en las que se han rastreado los recursos presuntamente robados por César Duarte, pues fue derivado de este operativo en el que se encontró la llamada Nómina Secreta, la cual consiste en una serie de sobornos establecidos a nivel local para que el ex gobernador por el PRI quedara impune de sus actos.
Fue en este entramado de sobornos donde sale el nombre de Maru Campos, pues se presume que cuando fungía como secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado, la candidata del PAN-PRD recibió los 9 millones que se señalan, esto para aprobar el ejercicio fiscal del mandatario local sin observaciones de ningún tipo.
Para probar su inocencia, la defensa de Maru Campos presentó un video en el que supuestamente se desmiente la acusación; sin embargo, la parte acusadora presentó una serie de documentos con la firma de Campos Galván acreditando los señalamientos. La firma de la señalada fue acreditada en 34 oficios.
Aunado a esto, al juzgado se presentaron señalamientos de presunta intimidación contra los testigos protegidos del caso supuestamente ejercidos por María Eugenia Campos Galván, Rodrigo de la Rosa y María Ávila, y pruebas testimoniales de que la candidata a gobernadora recibió dinero en el estacionamiento o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda del estado.
Después, para poder continuar con su campaña política, la candidata del blanquiazul dejó en garantía hipotecaria una casa con una valor de 6,822,917 pesos, tras ser vinculada a proceso por el delito de cohecho. Esto, como una medida cautelar impuesta por el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez el pasado 15 de marzo, en la causa penal 2821/2020. Ahora falta ver el proyecto de resolución por parte de Soto Fregoso y ver la votación de ésta por los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
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