El mismo día que la Cámara de Diputados desaforó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el pleno del palacio legislativo de San Lázaro declaró como improcedente la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para quitarle el fuero al senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, señalado como uno de los beneficiario de la llamada “nómina secreta” del ex gobernador César Duarte.
El presidente de la sección instructora, el también morenista Pablo Gómez, aseguró que la acusación de la Fiscalía de Chihuahua no estaba suficientemente sustentada para acreditar el delito, por lo que Pérez Cuellar, quien es candidato a la alcaldía de Juárez, podrá seguir haciendo campaña.
Al fijar la posición del PAN, la diputada Patricia Terrazas cuestionó la demora de la Sección Instructora en el caso de Pérez Cuéllar y la aplicación de una justicia selectiva.
“El senador Cruz Pérez Cuéllar es un delincuente, tomó dinero y ahora resulta que ‘no sé que es dinero que viene del gobierno’ y es dinero de los chihuahuenses. Hay que regresarle a Chihuahua lo que le han robado (…), y ustedes no están dejando que se actúe, porque son de Morena, ahora sí resulta que el actuar es nada más con los bueyes de mi compadre”, señaló.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, responsabilizó a la mayoría parlamentaria de Morena y del Partido del Trabajo de “tapar” a delincuentes como el senador Cruz Pérez Cuéllar y el diputado Mauricio Toledo.
“Lo más fácil para los delincuentes será volverse de Morena para que ustedes los encubran en esta cámara”, aseguró.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que la decisión de la Sección Instructora es prueba de una justicia selectiva, pues mientras Pérez Cuéllar fue absuelto, en el caso del mandatario de Tamaulipas, se emitió un dictamen en el que se declara procedente su desafuero.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que se encuentra en la carpeta de investigación 19-2017-13994, Pérez Cuéllar habría recibido sobornos por 2.5 millones de pesos entre 2013 y 2015, mediante seis depósitos, en el caso conocido como la “nómina secreta” de Duarte.
Es por eso que el gobierno del estado lo acusa de los delitos de encubrimiento por receptación y promoción de conductas ilícitas, ambos previstos en el Código Penal de la entidad.
Otra candidata presuntamente beneficiada de la “nómina secreta” es la panista María Eugenia “Maru” Campos Galván, quien aspira a gobernar Chihuahua y ya fue vinculada a proceso.
A finales del pasado mes de marzo, durante la audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos, el Ministerio Público reveló que políticos como la actual senadora priista Beatriz Paredes e incluso obispos y un Arzobispo, formaron parte de la llamada “nómina secreta” del exgobernador, César Duarte.
“Los obispos de Chihuahua recibieron una cantidad de 100,000 pesos mensuales y el arzobispo 200,000 pesos, en la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Horacio D.J., un mecanismo que se utilizó para desviar más mil millones de pesos”, se reveló.
Respecto al caso de Beatriz Paredes, el MP aseguró que Duarte financió la campaña de la priista gobierno de la Ciudad de México, en el año 2012, al igual que a los candidatos del Estado de México, Michoacán, Baja California Sur y Sonora.
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