Los cargos contra García Cabeza de Vaca: empresas fantasma y triangulación de fondos con familiares

Este viernes en la Cámara de Diputados se aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por defraudación fiscal con un perjuicio al fisco por 6 millones 511,000 pesos, sin embargo se le ha señalado de incurrir en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de familiares y empresas fantasma.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, inició la sesión y leyó el dictamen a discutir contra Cabeza de Vaca. Por su parte la secretaria Martha Hortencia Garay Cadena leyó las actas de notificación a cada una de las partes, así como los documentos a presentar, así como la participación de los funcionarios presentes (física y vía remota en videoconferencia), entre los que no compareció García Cabeza de Vaca ni de forma presencial ni por videoconferencia.

Elizabeth Alcántar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda comenzó parafraseando al filósofo y jurista francés Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”. A continuación leyó la sábana de pruebas:

“Francisco Javier García Cabeza de Vaca, valiéndose de los cargos públicos asentados acumulado una fortuna millonaria por una treintena de propiedades ocultas en Texas Estados Unidos en el estado de Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 a 2019 tratándose éstas de restaurantes, galerías de arte, residencia, ranchos y cuentas bancarias, es decir un caudal de bienes ocultos a través de prestanombres principalmente de su círculo familiar; cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos.

Muy por encima de los 50 millones pesos que declaró ser al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas. Advirtiéndose que el salario de un hombre que sólo ha sido servidor público no alcanzaría para reunir un caudal tan grande de bienes y recursos, y que para evitar su detección las propiedades han sido distribuidas entre una red de familiares y prestanombres entre quienes se encuentran José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, sus hermanos, además de sus primos y su propia madre, así como su suegro José Manuel Reséndez.

Lo anterior sin descartarse la investigación que se sigue en curso surjan mayores elementos que no abren respaldar estos hechos dado que hasta el momento se obtiene durante el período de 2016 a 2019 el investigador en su calidad de gobernador del estado de Tamaulipas se encabezó una organización y diseñó un esquema se fue pegado desde el interior del propio Gobierno de esa entidad con la intención de beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos a través de licitaciones para posteriormente dispersarlos con personas morales socios y beneficiarios para blanquear dichos recursos.

Para ello el imputado se organizó con las personas identificadas con Francisco Taméz Arellano accionista y representante de la persona moral de 612, también se organizó con la persona identificada como Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador único de la persona moral inmobiliaria RC de Tamaulipas y Barca de Reynosa.

Asimismo la organización diseñada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca utilizó también a la empresa Productora rural y agropecuaria regional Caba, de la que él propiamente socio junto con sus familiares sus hermanos su madre y su cuñada se dice lo anterior debido a que el primero de octubre de 2016.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió el cargo de Gobernador constitucional del estado de Tamaulipas para el período 2016-2021, y con dicha investidura tiene plena responsabilidad frente a los actos de gobierno preceptuados en el artículo 91 de la constitución política del Estado de Tamaulipas Tamaulipas Hay 1 de la constitución política del Estado de Tamaulipas que señala las facultades y obligaciones del gobernador constitucional

Durante los años 2016 a 2018 las personas morales Barca de Reynosa e Inmobiliaria RC de Tamaulipas obtuvieron recursos a través de licitaciones y contratos de obra pública del estado de Tamaulipas siendo estas las siguientes: la licitación con terminación e33-2016 del 28 de noviembre de 2016 la cual fue por un monto de 5 millones 948,896 a la empresa Barca de Reynosa sociedad anónima de capital variable.

También se tiene registro de la licitación con terminación N42-2017 por un monto de 24 millones 191,169 pesos, la cual fue adjudicada a la persona moral inmobiliaria RC de Tamaulipas, de igual manera se tiene registro del contrato de obra pública con terminación 065-17-B del 26 de febrero de 2018 por un monto de 25 millones 499,993 pesos adjudicada a la inmobiliaria RC de Tamaulipas.

Es importante destacar que la persona representante de estas obras públicas, es decir el señor Baltazar Higinio Reséndez Cantú, se encuentra incluida en la lista FinCEN, de los Estados Unidos de América es decir la lista donde se tiene que son personas que realizan actividades sospechosas de lavado de dinero.

También es importante abundar que de la investigación se desprende que durante los meses de marzo a abril de 2018, Baltazar Higinio Reséndez Cantú envió 33 millones 553,500 pesos a una persona que se identificó como Juan Francisco Taméz Arellano. Esta persona es accionista y representante legal de la persona moral T612.

Asimismo, en el año 2019 Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibió su cuenta con terminación 0018 contratada en Banco Regional un cheque de la persona moral 3612, de la cual es representante legal, Juan Francisco Taméz Arellano, con la empresa T612 que sumaron la cantidad la cantidad de 36 millones 861,613 pesos y otro cheque de 5 millones 252,231 pesos. Que tienen relación con Reséndez Cantú.

Nótese que los recursos que recibió el ahora investigado en la cuenta bancaria aludida es adverso a lo que declaró a la autoridad fiscal para el ejercicio 2019 además de haberse identificado diversos recursos a través del sistema financiero con la intención de dificultar su rastreo y darles apariencia legal advirtiéndose la existencia de indicios fundados de que la persona moral T612, que le envió recursos al ahora investigado, es una empresa fachada.

Dado que esta empresa no se localiza el domicilio fiscal no reportó ante la autoridad fiscal ingresos desde su creación en el año 2014 hasta el año 2019, no reportó empleados, por lo que resulta imposible la verificación de su objeto social y activos personales o infraestructura y capacidad material para prestar servicios o realizar actos de comercio.

Aún menos para adquirir esa cantidad de dinero que le envío al ahora investigado, de lo que se infiere fundadamente que esa persona moral T612 habría sido constituida con la única finalidad de que los recursos transitaran a través del sistema financiero simulando operaciones comerciales para darle apariencia de licitud y posteriormente impresora la economía nacional, recursos se fueron depositados a favor del investigado por la supuesta compra venta de un departamento en Santa Fe.

Se dice lo anterior debido a que la recepción de dicho recurso no fue reportada por Cabeza de Vaca a la autoridad hacendaria en su declaración del año 2019 la totalidad de los depósitos en Banco Regional, de ese año, que asciende de la cantidad de 46 millones 927907 pesos solamente en esa cuenta incluyen los recursos recibidos por la persona moral T612.

Por lo que existen datos de prueba suficiente de lo que se desprende Cabeza de Vaca el 30 de abril de 2011 presentó ante el servicio de administración tributaria el ejercicio fiscal 2019 ingresos acumulables por 6 millones 624,000 y enajenación de bienes únicamente por 20 millones 907,418 pesos y otra 149,504 pesos, y se advierte que los recursos que realmente obtuvo fue de 46 millones 927,907 pesos en esa sola cuenta mencionada”.

Por los anteriores hechos, honorable Cámara de Diputados solicito que a lugar a proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para ejercer acción penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal equiparada”.

Posteriormente el abogado de García Cabeza de Vaca, Adolfo Aguilar Sinzer, replicó que el mandatario no omitió declarar sus ingresos acumulados ante las autoridades, por lo que aseguró que la acusación es improcedente. Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades.

También, el abogado defensor argumentó que los derechos a la privacidad del mandatario fueron violados al realizar una audiencia pública celebrada el 19 de marzo.

La defensa de Cabeza de Vaca, el abogado, Alonso Aguilar Zinser, expresó en su intervención que la FGR genera una falsa percepción a la opinión pública al citar delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que no comprueban. Sección Instructora citó al pleno solo por defraudación fiscal, acusación que rechazan.

En tribuna, el presidente de la Sección Instructora, el diputado por Morena, Pablo Gómez, manifestó que se debe quitar la inmunidad procesal al gobernador para ser puesto a disposición de la autoridad.

El diputado por el PAN, Elías Liza, quien solicitó moción suspensiva al juicio de desafuero, acusó que la mayoría parlamentaria de Morena emprendió un circo mediático en favor del proceso electoral para la elección del 6 de junio.

Elías Liza acusó las prisas de Morena y aliados por aprobar el dictamen, el cual no fue suficientemente estudiado y fue aprobado en el penúltimo día de sesiones.

Lanzó un reproche en contra del diputado Pablo Gómez, quien fue ex líder del Movimiento del 68 y preso político, a quién dijo pasó de “perseguido a perseguidor”.

El coordinador de los panistas en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, subió a tribuna con su bancada y una pancarta con la leyenda “Basta de persecución política, alto al uso electoral de la justicia”.

Romero Hicks recriminó que se esté usando el tema con fines electorales en lugar de resolver el problema de la pandemia del coronavirus y la crisis económica.

Consideró que desde el gobierno federal se evaden actos de corrupción con el hermano del Ejecutivo federal, Pío Lorenzo López Obrador.

En un intercambio de reclamos desde las curules de Morena y los panistas, también se recordaron a Félix Salgado Macedonio y el diputado Saúl Huerta Corona, acusados de violencia sexual.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, subió a tribuna para manifestar que la Cámara de Diputados no puede determinar si el gobernador es culpable o no, pero sí permitir que sea juzgado al quitarle su inmunidad procesal.

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