El Estado mexicano anunció el pasado 28 de abril la reapertura del caso de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido, presuntamente asesinada el 19 de octubre de 2001 en esta capital, mediante un Convenio de Reparación Integral, con doce líneas de acción, entre ellas investigaciones con enfoque de género.
En un comunicado conjunto, emitido por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la violación de las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada.
Recuerdan que en la audiencia pública celebrada el 26 y 27 de abril de 2021 en el marco del 141 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José, Costa Rica, “por primera vez, el Estado mexicano ha aceptado todas las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un Informe de Fondo”.
La aceptación de responsabilidad se reflejará con la consecución de un Convenio de Reparación Integral que será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en los próximos días, el cual contendrá doce líneas de acción, de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, como obligación y convicción del Gobierno de México, se acordó generar “una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la abogada y defensora”, que incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género bajo estándares internacionales y contará con la participación de la familia y la de su representación legal.
El martes en la audiencia pública, la representación de la víctima solicitó a la CorteIDH ordenar al Estado mexicano reabrir la investigación por la muerte de la defensora, hechos que considera como un homicidio relacionado a su labor, y no un suicidio, como lo catalogaron las autoridades judiciales.
Ochoa y Plácido era una destacada defensora de derechos humanos en México que participó en investigaciones de alto perfil y su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico el 19 de octubre de 2001 con un disparo en una pierna y otro en la cabeza, y un disparo más en un sillón.
La investigación judicial en México determinó que se trató de un suicidio, pero la acusación contra el Estado asegura que hubo serias irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos corresponden a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en México.
Durante la audiencia, el representante de la Secretaría de Gobernación de México, Marco Moreno, manifestó que en los próximos días el Estado propondría a la familia de Ochoa y sus representantes un “convenio de reparación integral” para la reapertura de la investigación.
”El convenio establece como primera acción del Estado un acto público de reconocimiento y otras medidas de satisfacción y rehabilitación y que tiene como componente prioritario la reapertura de la investigación con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos con aportaciones de la familia a través de un plan de investigación eficaz y diligente”, expresó Moreno. EFE.
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