Transición de FGR ha ido en retroceso y permitió 95% de impunidad, advierte estudio

Lejos de consolidarse, la Fiscalía General de la República (FGR) ha ido en claro retroceso a dos años de iniciar su transición y el 95.1% de los casos quedaron impunes, de acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa.

En el informe “Observatorio de la Transición 2020”, cuya edición fue presentada este 28 de abril, la asociación señala que solamente se da una respuesta efectiva a 4.9% de los delitos conocidos en el ámbito federal, ya sea en términos de sentencia o con salida alterna.

Se trata de una investigación sobre las capacidades y desempeño de las fiscalías mediante el Modelo de Evaluación de la Transformación (Índice MET), la cual concluye que la FGR ha retrocedido.

“En vez de avanzar en dos años de transición, ha caminado para atrás, al pasar de un nivel global de 18.9% en 2019 a 11.9% en 2020”, destacó México Evalúa en un comunicado.

El índice MET se compone de 21 atributos, 14 de ellos corresponden a variables de transformación y los restantes son de resultados. Entre los primeros están análisis sobre autonomía presupuestal u operativa, pero igual se incluyen referentes de desarrollo normativo e institucional, tales como personal suficiente y profesionalizado, así como protección de derechos humanos.

Además de Efectividad en la resolución de casos actuales, de macro criminalidad y fenómenos complejos, atención de casos previos, confianza ciudadana y reducir percepción en imagen corrupta.

Todas las variables de transformación bajaron en 2020, respecto al año previo. Por ejemplo, el desarrollo normativo estaba en 22% y descendió hasta 9.9 porciento; a su vez, el ritmo de la transformación pasó de 20.2% a 10.3% entre 2019 y 2020; en cuanto a desarrollo institucional la disminución fue de 13.2 a 3.5 puntos porcentuales.

De cuatro atributos en efectividad y en lo correspondiente a la resolución hubo un decremento de 7.6 a 2.9%. Mientras que la confianza ciudadana subió de 21.4% a 25 por ciento.

Por otra parte, la percepción de corrupción de la FGR disminuyó 6.8 por ciento. En 2019, esa referencia estaba en 63.7 de porcentaje y para 2020 bajó a 56.9.

Además, la FGR ha ejercido una autonomía mal interpretada, de acuerdo con el análisis de México Evalúa. Y es que se observa una dependencia apartada de otras instituciones, mecanismos y ámbitos de gobierno.

“La Fiscalía y su titular han interpretado la autonomía de su institución como una carta abierta para operar sin transparencia, de manera aislada y para darle la espalda a otras instituciones, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas”, comentó Edna Jaime, directora de la organización.

Muestra de lo anterior fue el rechazo de la federación para investigar la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, incluidos 16 migrantes de Guatemala que fueron ejecutados y calcinados el 22 de enero de este año. Tampoco se atrajo el intento de asesinato de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, la cual habría sido perpetrada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación a mediados de 2020.

“Los pobres resultados de la Fiscalía General de la República se deben a las deficiencias y omisiones en su diseño institucional, más asociado a la vieja PGR: la Fiscalía no ha incorporado un comité de participación ciudadana, aunque estaba previsto en la ley orgánica de 2018; tampoco cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, ni con un plan de persecución penal construido de la mano de la ciudadanía, el cual permitiría saber qué delitos priorizará la Fiscalía para su investigación, por qué y cómo lo hará”, reportó México Evalúa.

Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia en la organización, dijo que la transición no solo implica sustituir el nombre, sino implementar una persecución estratégica por fenómeno y no por caso.

En consecuencia, México Evalúa recomienda que las fiscalías locales se apoyen en el índice MET para orientar su transición institucional, a las organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y expertos, que vigilen procesos locales que pongan en el centro a las personas. Igual se sugiere a los legislativos locales y federales que garanticen sus proyectos de Ley en evidencias, sean progresivos sobre derechos humanos, sistema acusatorio y den apertura a ejercicios de parlamento abierto.

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