Desde hace más de un año todos los estados del país han sido golpeados económicamente a causa de la llegada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) que ha dejado a más de 215 mil mexicanos muertos, cada uno ha padecido en diferente medida la contingencia.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó este 27 de abril su análisis de competitividad con indicadores de 2020. A dicho concepto lo podemos definir como la capacidad de generar, atraer y retener talento e inversiones, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

“La pandemia no afectó a todo el país por igual. Los estados se movieron de forma distinta y tampoco afectó a los deciles de ingreso de forma igual”, destacó Valeria Moy, directora del IMCO.

Para hacer el comparativo, el instituto midió 10 factores como son tecnología, seguridad, uso de recursos naturales, salud y educación, democracia, gestión gubernamental, mercado laboral, economía, conectividad y turismo.

Las entidades que tuvieron la mejor calificación con dichos rubros fueron en orden de mayor a menor: Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro Coahuila y Jalisco; mientras que las entidades menos competitivas del país fueron Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Cabe mencionar que los estados más competitivos tienen un PIB per cápita de 279,000 pesos; por el contrario, los menos competitivos tienen un PIB per cápita de 87,000 pesos.

Desde 2006, año en que inició este análisis, la CDMX ha mantenido el primer lugar y esta vez fue catalogado con un nivel “alto”.

La capital del país también fue la entidad con el mayor producto interno bruto (PIB) per cápita (408 mil 42 pesos por persona), y con la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14 mil 827 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos) y carga aérea (51 mil kilogramos por cada mil personas).

Pese a lo anterior, la Ciudad de México presenta importantes rezagos en materia de sistema político, pues reportó el mayor número de agresiones en contra de la prensa.

El reporte reveló que Sinaloa avanzó siete lugares en el índice (del 14 al 7) respecto a la edición 2019 porque subió diez posiciones en economía, ocho en el rubro político y seis en innovación; y Nayarit subió cuatro posiciones (del 19 al 15), debido a que avanzó diez lugares en el componente de mercado de factores (mercado laboral), cinco en gobiernos y cuatro en derecho.

Asimismo, Tamaulipas aumentó tres lugares (del 15 al 12), porque avanzó diez lugares en derecho, ocho en economía y cuatro en sociedad.

En contraste, Hidalgo retrocedió cinco lugares (del 17 al 22) porque bajó siete posiciones en el rubro político, seis en gobiernos y tres en mercados de factores; Chihuahua bajó cuatro posiciones (del 7 al 11), debido a que cayó seis lugares en innovación, tres en político y tres en derecho; y Quintana Roo cayó cuatro lugares (del 12 al 16) porque retrocedió 14 en economía, seis en medio ambiente y cinco en precursores.

Al respecto, el IMCO propone aprovechar las facultades de las entidades para desarrollar programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos que complementen la política federal ante los efectos de la pandemia; desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios, para promover la transformación digital.

También adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa del congreso local, evitando así la discrecionalidad en su uso.

Reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos específicos para la contratación y ejecución de compras en tiempos de emergencia.

Promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

Crear sistemas estatales de innovación que incentiven y recompensen los esfuerzos en materia de innovación aplicada, y que generen un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

SEGUIR LEYENDO: