El día de ayer, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidió que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
El padrón implicaría un registro de datos biométricos de todas las personas que quisieran acceder a algún servicio de telefonía celular. Es decir, el gobierno tendría un listado de todas las personas con teléfono celular ligado a información como su huella digital, rostro, iris o ADN. El objetivo de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión era, según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “proteger al pueblo”.
La reforma fue aprobada el pasado 16 de abril en medio de protestas por parte de diferentes organizaciones en defensa de los derechos digitales quienes reclaman que la medida vulnera los derechos humanos de las y los usuarios de internet, además de que no resuelve el tema de la inseguridad y pondrá en riesgo los datos biométricos de las millones de personas que hacen uso de los servicios de telefonía móvil.
Ante la acción del INAI, el presidente López Obrador se lanzó en contra de la institución el día de hoy durante su conferencia matutina. La acusó de estar al servicio de las empresas telefónicas y recordó que fue precisamente el INAI quien “resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht”.
Según el presidente “el INAI, el IFETEL y COFECE, todos esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país”.
López Obrador acusó que la venta “al pormayor” de número telefónicos funciona en beneficio de extorsionadores y secuestradores. Además, según él, “Las telefónicas, en sus sistemas, piden los mismos datos. Los bancos solicitan los mismos datos”.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han levantado una campaña en redes sociales para informar acerca de los riesgos que implica la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
En una nota técnica enviada al Senado mexicano, R3D explica que no hay evidencia de que el registro de las tarjetas SIM contribuya a la reducción de delitos. Así lo concluyó la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía y se comprobó durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando se creó el “fallido” Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT). Según recupera R3D, mientras existía el RENAUT el delito de extorsión creció en un 40% y el de secuestro en un 8%.
El RENAUT llegó a su fin cuando en el 2010 se confirmó que el registro completo se encontraba a la venta por 500 pesos en diferentes páginas de internet. Ante esto R3D argumenta que un padrón único y centralizado con los datos biométricos de millones de personas será un objetivo para ataques informáticos.
Además, explican que, a diferencia de la información del RENAUT, los datos biométricos que incluirá el padrón no pueden ser modificados. La información biométrica es permanente, por lo tanto, ante una filtración similar, la vulneración a la privacidad de las personas registradas sería enorme.
R3D incluso enlista una serie de recursos que ocupan los grupos delincuenciales para suplantar números telefónicos y que servirán igual para evadir el registro en el padrón: “la clonación y duplicación de tarjetas SIM, el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos), la utilización de servicios de voz sobre IP (VOIP), el robo de teléfonos móviles, entre otros”.
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