Senado aprobó la reforma petrolera de AMLO: abriría la posibilidad de “expropiaciones” en el sector

El Senado mexicano aprobó este jueves la polémica reforma petrolera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los fuertes cuestionamientos de la oposición, expertos y empresas del sector por la posibilidad que tendrán las autoridades para suspender permisos a los permisionarios por cuestiones de seguridad nacional, algo que fue percibido como una posible “expropiación”.

En la votación en lo general, fueron 65 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, modificaciones que buscan fortalecer a la paraestatal Pemex (Petróleos Mexicanos). En lo particular, fueron 63 votos en favor, 45 en contra y cuatro abstenciones.

El dictamen será enviado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que firme el documento, lo publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados y que deriva de una iniciativa del Ejecutivo Federal, busca “garantizar la soberanía y seguridad energética de México, así como desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos” llamadas coloquialmente “huachicoleo”.

Además, pretende reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

Para ello, propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de éstos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Sugiere que la Sener y la CRE puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.

De la misma manera, dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y que no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.

Esta parte de la reforma petrolera de López Obrador es la que ha causado mayor polémica en las últimas semanas. De acuerdo con los expertos, la oposición y las compañías del sector, se trata de una forma de “expropiación” del gobierno mexicano, ya que le permitiría a las autoridades asumir el control de sus inmuebles.

Otro de los objetivos de la reforma es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron, pues establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.

Plantea que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos, sin la autorización correspondiente. También elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

Sin embargo, la oposición criticó duramente la reforma. El flamante nuevo coordinador de la bancada del opositor PAN (Partido Acción Nacional), Julen Rementería, consideró que es una “ley embudo” porque sólo se beneficiará al actual gobierno y deja en incertidumbre a inversionistas del sector y no combate el contrabando de combustibles.

En cambio, la presidenta de la comisión de Energía, Rocío Abreu, de Morena, el partido de la mayoría, presentó el dictamen y advirtió que “los permisos de importación han provocado distorsión y prácticas ilegales en el mercado, como la venta ilícita de combustibles al amparo de esta figura”.

Destacó que el robo y contrabando de combustibles tuvo un incremento sustancial en la última década, a la par de la liberación de la importación de hidrocarburos, lo que afectó gravemente el erario y generó una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.

Abreu denunció que el mercado ilícito de petrolíferos creció durante las pasadas administraciones y sólo durante los años 2016, 2017 y 2018, las pérdidas alcanzaron 147,000 millones de pesos, cifra superior al presupuesto de varias entidades federativas.

Por la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora morenista Ana Lilia Rivera señaló que el proyecto tiene como objetivo reivindicar el rol preponderante de Pemex en el sector, como garante de la seguridad y de la soberanía energética, así como del desarrollo nacional.

“Coincidimos con la iniciativa de origen y con las valoraciones de la (Cámara de Diputados), respecto a que las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto de combustibles”, manifestó.

Resonó fuerte el cuestionamiento de la senadora Nancy de la Sierra, del PT (Partido del Trabajo), aliado de Morena. “Estamos ante otro desesperado intento por parte del gobierno, para rescatar a las empresas paraestatales como Pemex, pero no haciéndolo adecuadamente, sino a costa de la economía mexicana; de los bolsillos de las y los ciudadanos y de principios constitucionales como la seguridad jurídica y la libre competencia”, dijo en su turno al micrófono.

Una vez que entre en vigor, la oposición ya advirtió que interpondrá impugnaciones contra la reforma, ya que, como advirtieron diversos actores, sería “inconstitucional” debido a que restringe la libertad de mercado y competencia.

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