La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general las reformas que crean la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) en medio de fuertes protestas de la oposición y de colectivos de víctimas que señalaron que no fueron escuchadas en el proceso.
Con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones, el Pleno avaló el dictamen que expide la Ley de la FGR y abroga la Ley Orgánica de la FGR. Además, modifica hasta 65 normas y legislaciones, proceso que también fue cuestionado por la “prisa” con la que fue ejecutada una reforma tan amplia a tantos ordenamientos en tan poco tiempo.
Incluso el diputado Rubén Cayetano García, de Morena, el partido de la mayoría que impulsó la reforma, solicitó la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “de manera inmediata y para bien de la sociedad”.
Durante su turno en tribuna en San Lázaro, donde se posicionó en contra de la reforma, Cayetano García calificó de “vergonzoso” el procedimiento para avalar el dictamen, ya que, dijo, el fiscal General de la República busca imponer una nueva ley de la institución que encabeza. Al legislador se le sumaron otros 14 diputados morenistas que votaron en contra.
Admiré y respeté al fiscal, pero resultó ‘muy vivillo’, se hizo una ley a modo para que esta Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión le cortara un traje a la medida
Por su parte, el morenista Marco Antonio Andrade señaló que el objetivo de la reforma es expedir una nueva ley para la FGR que garantice que sea un verdadero órgano público autónomo y reestructurarla para asegurar un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia penal.
Resaltó que se mantiene la participación de la Fiscalía con voz y voto dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Añadió que la FGR se mantiene como ente público obligado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y sigue considerándose como ente público obligado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En cambio la diputada María Cristina Castillo, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), dijo que con este dictamen se pretende resolver la ley original, cambiándolo por otro ordenamiento que olvida las necesidades sociales y el verdadero rol de un fiscal ante las exigencias del sistema penal acusatorio. Asimismo, olvida a las víctimas e ignora los reclamos de los colectivos sociales.
El legislador Enrique Ochoa, del también opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional), señaló que la ley sí tiene mérito, pero también tiene fallas y quedaron evidenciadas en los procesos de discusión abiertos a la sociedad, sobre todo ante los grupos que protegen a las víctimas que han sufrido lamentables situaciones por los delitos que se han cometido en el país.
Curiosamente, el opositor Movimiento Ciudadano (MC) votó en esta ocasión en su mayoría a favor de la reforma para crear una nueva ley de la FGR. La diputada Adriana Medina consideró “inaplazable” la expedición de esta legislación, ya que “es fundamental” para hacer el cambio que necesita la dependencia.
“No debemos entregar un cheque en blanco a la Fiscalía, ignorando los puntos débiles del dictamen, ojalá y se tenga la apertura de las fracciones mayoritarias para integrar reservas que atiendan el sentir de las víctimas, esperemos que los cambios que se generen sean para brindar una Fiscalía mejor”, subrayó.
El Pleno de San Lázaro discute ahora las 144 reservas realizadas a la reforma, por lo que se espera una discusión extensa en lo específico, antes de poder enviar el documento al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deberá firmarla para su publicación y entrada en vigor.
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