Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y arremetió en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha concedido una suspensión provisional en contra de la Ley que permitiría acceder a datos personales para identificar a quienes adquieran líneas de prepago en México.
El subsecretario acusó que el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, fue frívolo en su resolución con análisis preliminares, además, que es un funcionario subordinado a intereses particulares que atetan contra la Seguridad Nacional.
“Está confundiendo la leche con la magnesia, está confundiendo el tema, lo que el registro busca es saber quién está atrás de esa línea telefónica, cual es la identidad, quién es la persona, no queremos ubicar de dónde salió la llamada telefónica”, explicó Mejía Berdeja en rueda de prensa.
De acuerdo con la suspensión en contra del PANAUT en beneficio de Óscar González Abundis, el juez Gómez Fierro consideró que la entrega de datos como los biométricos podría no ser idónea para perseguir delitos. Además dijo que no advertía una relación entre disponer de información como cláusula necesaria para tener una línea telefónica y la investigación de ilícitos.
“De un análisis superficial -como el que implica analizar la apariencia del buen derecho- este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, indicó el juzgador.
Gómez Fierro es el mismo que ha otorgado múltiples suspensiones en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada a principios de marzo por el Senado de la República. Los amparos han sido porque la reforma podría afectar la competencia y libre concurrencia, así como producir daños irreparables al medio ambiente.
Pero ahora, la Subsecretaría de Seguridad federal ha visto, con mayores razones, a un enemigo en el juez con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda el país.
“Este juez que utilizan a contentillo ciertos grupos y que falló también el tema de la reforma eléctrica y que parece que más bien defiende intereses particulares o intereses contrarios a la seguridad del país. Nos parece que no debió haber concedido la suspensión provisional en virtud de que no se han emitido los lineamientos para determinar qué dato biométrico se solicitará a los usuarios, vemos una actitud muy oficiosa, como que es tal su interés de andar de quedabién de intereses particulares”, reiteró Ricardo Mejía Berdeja.
Es tal este afán de andar de quedabién de estos intereses, que el señor juez confunde un sistema de geolocalización que ya se puede pedir hoy en día y no es el propósito de la Ley, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya faculta a las autoridades a pedir la geolocalización de una llamada telefónica. El señor de ahí se agarra para decir que no se afecta conceder la suspensión, porque ya hoy en día se puede pedir la geolocalización, así anda el señor juez de desorientado.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nueve de cada 10 llamadas de extorsión en México son realizadas desde celulares con sistema de prepago. Y en secuestros, los delincuentes utilizan hasta 20 chips diferentes para comunicarse con familiares de las víctimas. Este y otros argumentos suman a la justificación de modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La intención es que los usuarios se vean obligados a proporcionar información como ocurre al contratar planes de renta fija, donde inclusive la petición de algún dato biométrico ya existe. Y es que con el prepago, las tareas de investigación se ven obstaculizadas al dar seguimiento a los delincuentes, quienes se amparan en el anonimato y pueden comprar un sinnúmero de tarjetas SIM para sus ilícitos.
Para Mejía Berdeja, el debate se ha tornado entre un modelo de seguridad y otro de ventas, pues el comercio al por mayor se vería afectado y habría un mayor control. El subsecretario agregó que el 16.5% de las las líneas en el país son de plan fijo y la gran mayoría restante, el 83.5%, son de prepago. Sobre el dato biométrico a utilizar, este será definido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). De acuerdo con la nueva regulación, quienes no participen de esta modalidad, no podrán tener una línea en funcionamiento.
Será el próximo 27 de abril cuando el juez Gómez Fierro dicte si el fallo es de manera provisional a favor del único usuario que se ha quejado, pero que podría sentar precedentes para más casos. En amparos contra la consulta para cancelar el Aeropuerto de Texcoco, este juzgador falló en beneficio de la iniciativa presidencial, lo mismo en aquella queja que hubiera obligado al mandatario a disponer de un servicio de escoltas en sustitución del Estado Mayor.
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