La tarde de este martes 20 de abril, se ratificó la reforma laboral que regula y restringe sustancialmente la subcontratación en México, con esto se cambiarán las condiciones laborales de la clase trabajadora en la república, ya que algunas de las empresas que prestaban el servicio de outsourcing recurrían a malas prácticas en detrimento de los derechos de las y los empleados.
Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), celebró dicho avance en el Poder Legislativo Federal, ya que tanto ella como numerosos colaboradores especializados en derecho laboral se vieron inmiscuidos en las tareas de redacción y negociación de la reforma para mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores que estaban subcontratados.
A través de redes sociales, la secretaria del Trabajo señaló el empeño colectivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador para poder materializar la reforma que impulsa el trabajo digno y felicitó a las y los miembros del senado.
“Con la aprobación en el Senado de la reforma en materia de subcontratación u outsourcing concluye un esfuerzo colectivo para acabar con la simulación laboral e inicia una nueva etapa de regularización y reivindicación en favor del Trabajo Digno. Enhorabuena por los legisladores”, publicó en su cuenta de Twitter.
Con 118 votos a favor y dos abstenciones, el Senado de la República validó las reformas, previamente aprobadas en la Cámara de Diputados. Ahora, conforme al protocolo, el dictamen será enviado al Ejecutivo, para su firma, publicación y entrada en vigor.
La reforma señala que la subcontratación afectaba la recaudación tributaria, pues la expedición de facturas promueve una simulación fiscal nociva para unas finanzas sanas, además elude el cumplimiento de las obligaciones patronales como las cargas de seguridad social, las cuales también afectan al empleado; no obstante, se reconocen las bondades administrativas de este tipo de empresas, por lo cual no queda prohibido, sino regulado.
“No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana. Pero no pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas, en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la propia actividad económica”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.
El avance en materia laboral fue celebrado incluso por miembros de la llamada oposición parlamentaria. La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, se mostró en favor de que las empresas otorguen salarios dignos y prestaciones conforme a la ley a los asalariados.
“Yo creo que el problema no es la subcontratación, el problema de fondo es que esas empresas no le paguen los salarios legales, las prestaciones a los empleados. Por lo tanto, creo que es adecuado que quede claramente prohibido la subcontratación ilegal, que era una simulación por parte de las empresas”, aseveró en el pleno de la cámara.
La reforma establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 22,400 y los 4480,000 pesos.
También promueve esquemas que garanticen el acceso a prestaciones de ley como las Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), mismas que se observó que existen patrones que no cumplen con esto. Asimismo, se estipulo que quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en la ley, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la UMA, es decir, desde los 44,800 hasta los 179,240 pesos.
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