Juez otorgó cinco suspensiones más contra el Panaut

Este miércoles, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó cinco nuevas suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (Panaut), aprobado el pasado 14 de abril por el Senado.

Éstas fueron concedidas de manera provisional y se expidieron en favor de Luis Miguel Rodríguez Alemán, Oscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz Rodríguez y a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín.

Los beneficiados tendrán derecho a voluntariamente no entregar sus datos personales ni biométricos a las compañías telefónicas, y, en caso de no darse de alta en el Panaut, no perderán su línea telefónica, al menos hasta el próximo 27 y 28 de abril cuando se lleven a cabo sus correspondientes audiencias.

Cabe recordar que Gómez Fierro concedió ayer, 20 de abril, la primera de estas suspensiones para el ciudadano Óscar González Abundis luego que el regulador calificara la entrega de datos como no idónea para perseguir delitos

Al igual que los otros cinco, el beneficiado tampoco estará obligado registrar su línea en el padrón y su audiencia también está programada para realizarse el próximo 27 de abril.

Ante esta decisión, el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, arremetió en contra del juez acusándolo de haber sido frívolo en su resolución con análisis preliminares, además de señalarlo como un funcionario subordinado a intereses particulares que atetan contra la Seguridad Nacional.

“Está confundiendo la leche con la magnesia, está confundiendo el tema, lo que el registro busca es saber quién está atrás de esa línea telefónica, cual es la identidad, quién es la persona, no queremos ubicar de dónde salió la llamada telefónica”, explicó Mejía Berdeja en rueda de prensa.

El pasado 14 de abril, el Senado mexicano aprobó la creación de un padrón a nivel nacional de usuarios de celulares, el cual implicará el registro obligatorio de las líneas telefónicas de 122 millones de usuarios.

El objetivo primordial de la reforma, de acuerdo con el documento avalado y consultado por Infobae México, es frenar los delitos de extorsión y secuestros que, en muchos casos, se cometen desde los centros penitenciarios, a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones.

Para ello, el registro compilará 10 datos del usuario entre ellos: el número de línea móvil; la fecha y hora de la activación con la tarjeta SIM; nombre completo o denominación o razón social; nacionalidad; número de identificación oficial (con copia) y Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea.

Además, contendrá los datos biométricos del usuario, o en su caso, del representante legal de la persona moral; el domicilio del usuario; los datos del concesionario de telecomunicaciones, o en su caso, de los autorizados; y el esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea postpago o prepago.

Aunado a ello, Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal Electoral (IFT), declaró el pasado 16 de abril que la implementación e instalación de este sistema informático costará aproximadamente 700 millones de pesos al instituto regulador.

En una entrevista radiofónica para el medio Enfoque Noticias, Cuevas aseguró que el IFT no dispone de dicha cantidad de dinero, ya que en su presupuesto no hubo previsión alguna para este propósito, por lo que cuando el cumplimiento del padrón sea promulgado, el instituto que dirige hará saber a Hacienda que necesitan esos recursos.

Además de esto, el Instituto requiere de alrededor de 100 millones de pesos para operar el sistema, cantidad que tampoco se tiene. En julio del 2020, el IFT envió su opinión sobre este registro a la Cámara de Diputados. Posteriormente, en marzo de este año, cuando avanzaba el tema en la Cámara de Senadores, el IFT mandó otra opinión institucional.

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