El caso Lozoya y la “aplicación de la justicia” discrecional en la 4T

A poco más de un año de la captura del expresidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, han comenzado a darse los primeros resultados luego de que se convirtiera en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), tanto en el caso del presunto pago de los sobornos de Odebrecht, como en el de Agronitrogenados.

Sin embargo, la vara con la que la FGR está midiendo a los acusados, no parece ser la misma. Y es que, hasta el momento, las acciones legales en el caso de Odebrecht solo se ha dirigido a los panistas, mientras que los altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto -militantes del PRI- siguen libres y sin proceso legal alguno.

Mientras que en el caso de Agronitrogenados -empresa comprada por Pemex a un sobreprecio que causó un quebranto en las finanzas de la empresa productiva del Estado-, el único responsable que se encontraba en prisión, el empresario Alonso Ancira, fue puesto en libertad este lunes 19 de abril, luego de que se comprometió a pagar más de 216 millones de dólares (USD) como reparación del daño.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la liberación de Ancira Elizondo. El mandatario detalló que el pago de los más de 216 millones de dólares será destinado a fertilizantes que se entregarán a campesinos.

“El uso de ese dinero va a tener ese destino, para fertilizantes, para ayudar a los productores a que reciban fertilizantes para que tengan más rendimientos”, aseguró.

“Las plantas de fertilizantes que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex y esto causó una deuda a Pemex, enorme, porque no solo se compraron estas plantas, se compraron otras, se invirtió en repararlas porque esta planta (Agronitrogenados) que se pagó en 275 mdd está abandonada por completo, casi convertida en chatarra, ya está en producción pero en situaciones todavía muy incipientes, todavía hace falta más inversión y los recursos que se recuperen van a ser para fortalecer estas plantas que producen fertilizantes y entregar los fertilizantes a los productores”, dijo.

López Obrador celebró el acuerdo con Alonso Ancira, hecho que calificó como “inédito”.

“Intervino la Fiscalía le agradecemos mucho a la FGR, también en el Poder Judicial porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de 216 mdd que tienen que entregar”, dijo.

“Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo, es un hecho posiblemente inédito, o llevaba mucho tiempo que no se registraba, sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes, pagó Pemex en el sexenio pasado, en el marco del llamado pacto por México, pagaron 275 millones de dólares y desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de 200 mdd, es decir lo que pagaron en 275 valía 75″, resaltó.

La “caza” contra los panistas

El pasado 9 de abril, el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, fue aprehendido e internado en el Reclusorio Norte, acusado de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero; luego de que Emilio Lozoya lo señalara, junto a otros panistas, de haber recibido dinero en efectivo (recursos que eran de Pemex y de la empresa de construcción brasileña Odebrecht) con la finalidad de aprobar las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente, la energética.

Durante la madrugada del viernes 9 de abril, Lavalle Maury compareció por videoconferencia, pero luego se trasladó desde Querétaro al Reclusorio Norte para escuchar la resolución del juez luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la imposición de la prisión preventiva. Días después, fue vinculado a proceso.

Lavalle Maury fue acusado directamente por el ex director de Pemex, de haber recibido 25 millones de pesos con la finalidad de que fueran aprobadas las llamadas reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero Lozoya Austin también nombró a otros panistas que, en su calidad de legisladores, también recibieron dinero con la misma finalidad. Entre ellos se encuentran Ricardo Anaya (excandidato presidencial del PAN), Roberto Gil Zuarth (exsecretario particular de Felipe Calderón y senador), Francisco García Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (gobernador de Querétaro).

Aunque hasta el momento, Lavalle Maury es el primer político relacionado con los sobornos de Odebrecht en México que es encarcelado, versiones periodísticas aseguran que ya se ha librado por lo menos otra orden de aprehensión contra otro panista: Roberto Gil Zuarth.

De acuerdo con la columna de opinión de Salvador García Soto publicada el pasado 15 de abril en El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada contra Delitos de Corrupción contra Gil Zuarth por manejos financieros irregulares.

El columnista aseguró que la denuncia ya está siendo judicializada y, según fuentes internas de la Fiscalía, ya se solicitó una orden de aprehensión que un juez federal podría librar o negar en cualquier momento.

El periodista detalló que la UIF encontró inconsistencias financieras entre los ingresos y gastos del panista, tras documentar más de 40 millones de pesos en depósitos en efectivo y donativos, así como presuntos gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos.

La mayor parte de esos gastos e ingresos de Gil Zuarth ocurrieron el periodo entre 2012 y 2018, cuando encabezó la Comisión de Justicia y la presidencia del Senado, y se convirtió en el enlace directo entre los hombres cercanos de Peña Nieto, como Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Emilio Gamboa, para negociar y aprobar diversas reformas e iniciativas impulsadas por el gobierno peñista, aseguró el columnista.

Otro de los presuntamente beneficiados por los sobornos, fue el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un desafuero solicitado por la FGR.

Aunque lo acusa de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal; también lo ha señalado de tener vínculos con el narcotráfico, pero hasta el momento, la Fiscalía -encabezada por Alejandro Gertz Manero-, solo le ha acreditado delitos fiscales.

¿Y los priistas?

Tras su captura en España, ocurrida en febrero de 2002, Emilio Lozoya aceptó su extradición a México bajo la figura legal de “testigo protegido”, al prometer aportar pruebas contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como contra otros actores políticos.

En su declaración ante la FGR Emilio Lozoya, aseguró que es “inocente de los delitos que se le imputan” ya que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado” por Peña Nieto y Videgaray Caso, para aceptar los sobornos de Odebrecht.

“Manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”, dijo Lozoya Austin el 28 de julio de 2020 durante el desarrollo de la audiencia por el caso de Agronitrogenados, que se realizó mediante una videoconferencia.

De acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin, la constructora Odebrecht habría pagado -entre 2013 y 2014- cerca de 120 millones de pesos en sobornos al gobierno de Peña Nieto, con la finalidad de continuar siendo favorecida con contratos.

Con ese dinero, entregado al exdirector de Pemex, Peña Nieto y Videgaray Caso habrían ordenado que se distribuyera entre diversos legisladores para aprobar las reformas estructurales promovidas por el exmandatario priista.

Pero, hasta el momento, este testigo clave no ha aportado evidencias que permitan judicializar el caso, y lejos de estar preso (está acusado de los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita), pasa sus días en la comodidad de su lujoso departamento ubicado en Polanco.

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