De principio a fin: cómo se lograron los amparos para el uso lúdico de la marihuana en México

Juan Francisco Torres Landa es el Líder de la Práctica en la firma de abogados Hogan Lovells Latinoamérica. Ahí se dedica principalmente a representar legalmente a inversionistas extranjeros que deciden hacer negocios en México. Juan Francisco, además, es la cuarta persona en el país que logró ampararse ante el poder judicial para el uso lúdico de la marihuana, así como su siembra y portación.

De hecho, él, junto a su equipo en la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) y otras organizaciones como el Instituto RIA, son los responsables de lograr los amparos que lograron hacer jurisprudencia en materia del uso lúdico de la marihuana. Mediante este tipo de medidas judiciales, es que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se logró hacer la presión suficiente para que el poder legislativo se pusiera a trabajar en la regulación del consumo lúdico y comercialización de la cannabis.

Juan Francisco Torres no entró en el mundo de la marihuana (o, más bien, el de su legalización, puesto que ha declarado no tener interés en sembrarla o consumirla) por mero gusto. Su objetivo principal, luego de un incidente de secuestro en su familia, es lograr un impacto verdadero para lograr pacificar al país.

Debido a esto, en el 2005 entró como secretario ejecutivo de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Sin embargo, al pasar de los años, las cifras de personas asesinadas y desaparecidas a manos de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón, no cedían. “Después de mucho trabajar caímos en cuenta de que había un tema estructural y que era la política prohibicionista de drogas”, narra Torres Landa para Infobae México.

“Esta política le genera a la delincuencia una potencia inusitada en [...] la cantidad de recursos que le produce y la capacidad que esto le da para resistir, combatir y eventualmente derrotar a las fuerzas del orden”, explica el abogado.

Luego de darse cuenta de esta realidad, en el 2012 organizan un foro en el Museo de Antropología al que acuden expertos y expertas en temas de la despenalización de drogas provenientes varias partes del mundo. Ahí, en SMART le dan conocimiento de causa a la sospecha que ellos ya tenían: la política de prohibicionismo de las drogas es una política fallida.

Con la información recabada acuden al Poder Ejecutivo y Legislativo, donde les cierran las puertas. De tal forma que les quedó un último recurso al cual acudir: el Poder Judicial. Así que idearon la estrategia que, el 4 de noviembre del 2015 (diez años después de que Juan Francisco entró a MUCD), la primera sala de la SCJN les concediera el amparo.

El primer paso, fue fundar SMART. Ya establecidos, los cuatro miembros de la sociedad solicitaron una autorización de operación a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a sabiendas de que la petición iba a ser rechazada. Una vez que esto sucedió, las y los abogados se ampararon ante el poder judicial, argumentando que la negativa de la COFEPRIS lesionaba sus derechos humanos para el libre desarrollo de la personalidad.

Tres años después de haber puesto en marcha su estrategia, SMART obtiene, mediante el expediente 238/2014, el permiso para uso lúdico de la marihuana, logrando así la jurisprudencia obligatoria mediante la que muchas personas pudieron conseguir el mismo amparo.

Juan Francisco aclara que la iniciativa de ley que se encuentra atorada ahora mismo en el Senado, no es consecuencia de un interés por parte del Poder Legislativo o Ejecutivo para legislar en el tema, sino que es un logro de la presión generada desde diferentes organizaciones de la sociedad civil y las fechas límites que la SCJN dio a los otros dos poderes.

¿Cuáles son las razones por las que el Ejecutivo y Legislativo se niegan a tomar una posición proactiva en el asunto? Francisco Torres identifica tres:

La primera es, por ignorancia o ineptitud. Sin embargo, él no les concede tan fácilmente esa excusa. El abogado argumenta que, desde su posición como funcionarios, ambos poderes debieron de contar con mucha más información que la sociedad civil acerca de las razones por las que la política prohibicionista era tan nociva para la sociedad.

Eso le lleva a la siguiente razón: por colusión. Él cree que otra posible explicación es que los poderes “se benefician de esta política, se pueden beneficiar porque hay partidas presupuestales muy grandes que no se justificarían si no tuvieran esta política de enfrentamiento criminal y de reforzamiento de actitudes beligerantes”.

Finalmente, la tercera razón es “No hay más razones. O son muy tontos o están coludidos o son las dos”.

Actualmente, el dictamen de regulación de la cannabis que está a la espera de aprobación en la Cámara de Senadores, está paralizado. Francisco cree que los legisladores podrían llegar una cuarta prórroga a la Corte, puesto que se les está acabando el tiempo.

La ley para la regulación de la cannabis que se encuentra ahora en el Senado, ha sido duramente criticada por las modificaciones que sufrió en la Cámara de Diputados. Entre las cuestiones más graves es que la ley no eliminará el delito por posesión simple de marihuana, por lo que “permanece el régimen de extorsión de policías” y se le sigue dando espacio al mercado ilegal de la droga.

Además, los beneficios que se le iban a dar a las comunidades indígenas y rurales que ya cultivan la planta, con el objetivo de sacarles de la clandestinidad, fueron dejados en la ambigüedad; esto también da paso a que empresas extranjeras con grandes capitales acaparen el mercado, señalan organizaciones como la Institución INRA.

Pese a todos estos defectos, Francisco Torres cree que lo mejor sería que el dictamen se aprobara lo antes posible. De otra forma, si el Senado manda a revisión el texto, la aprobación tendría que ser otorgada por la siguiente legislatura. Sin embargo, esta vendrá hasta después de las elecciones del 6 de junio, por lo tanto, con los cambios en las cámaras de diputados y senadores, la autorización de ley para la regulación de la cannabis podría caer, nuevamente, en el letargo del Poder Legislativo.

El año pasado, un juez mexicano concedió un amparo para la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína.

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