Contrarreforma energética de la 4T

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de México aprobó el dictamen de contrarreforma de la Ley de Hidrocarburos, que revertiría una parte de la reforma de 2013, promovida por el oficialismo para combatir el tráfico ilegal y suspender permisos de comercialización en el mercado interno de combustibles de las empresas que violen las normas.

Morena honró su compromiso de fortalecer institucionalmente a Pemex y a la CFE para garantizar la soberanía energética nacional vulnerada por el gobierno de la derecha encabezado por Enrique Peña Nieto. El masivo voto ciudadano a favor de Morena en 2018 tuvo precisamente la finalidad de corregir entre otras cosas, esta gran traición al pueblo de México

La Administración de Peña Nieto aprobó, en su primer año en el poder, una amplia reforma constitucional que permitió a las empresas privadas, extranjeras y nacionales, producir y ofrecer energía en México. Desde la exploración de petróleo hasta la venta de gasolinas, la reforma energética prometía atraer hasta 200 mil millones de dólares en inversión directa al país. Lo cual nunca llegó.

Esta norma, sin embargo, no podía aprobarse en el Congreso sin el apoyo de buena parte de los partidos de oposición. El Pacto por México, un acuerdo para que el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyando la agenda legislativa del Gobierno del PRI, fue clave del arranque del sexenio de Peña. Según Emilo Lozoya la corrupción salpicó a varios legisladores del PAN y del PRI en el impulso del Pacto del peñismo. Lozoya afirmó que existieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética (10,5 millones de dólares que el ex director de Pemex recibió de Odebrecht, que se repartió entre los legisladores que votaron mayoritariamente por eliminar el monopolio estatal y permitir la participación privada en las industrias eléctrica y petrolera. 

En primer lugar, el gobierno de Peña se propuso permitir la participación de empresas privadas en la generación de electricidad, y en la exploración y extracción de hidrocarburos mediante contratos o licencias. Las reformas energéticas del Pacto por México buscaron acabar tanto con Petróleos Mexicanos (Pemex) como con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las modificaciones a la Constitución en 2013 y a las leyes secundarias en 2014 tuvieron el propósito de desplazar estas dos importantes empresas productivas del Estado y posicionar el sector energético a favor de los intereses comerciales de empresas privadas nacionales y trasnacionales.

Hoy los mismos partidos del Pacto por México, acusan al gobierno de la Cuarta Transformación de ser “irresponsable” y de “traicionar” a la confianza de los inversionistas internacionales por medio de una nueva “expropiación” de la industria energética.

Pero estas voces faltan a la verdad. Lo único que busca Morena con las reformas es revertir los efectos más nocivos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y poner en orden al mercado energético nacional con el fin de beneficiar a los consumidores mexicanos y fortalecer a la soberanía nacional. 

El presidente Adolfo López Mateos afirmó en su “Carta al pueblo de México” publicada el 27 de septiembre de 1960 “en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”.

La política energética de nuestro país se prepara para dar un giro de 180 grados para regresarle el papel protagónico del sector energético a las empresas productivas del Estado a través de una contrarreforma que se aprobará este año.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

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