Durante el 2020 se registraron 18 asesinatos de defensores ambientales y 65 ataques en su contra: el peor año hasta la fecha. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), a través de una presentación virtual, alertó que es “urgente” que el gobierno federal cumpla con su obligación de respeto, garantía, y protección de los derechos humanos.
Además, señaló que la pandemia de COVID-19 ha provocado que los niveles históricos de violencia presentados en el 2019 se sobrepasaran.
El Informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en México en 2020, desarrollado por el Cemda, afirmó que el año pasado los trámites de juicios fueron considerados como no esenciales y se suspendieron los procedimientos administrativos en materia ambiental. No obstante, continuaron actividades como obras de infraestructura y megaproyectos.
El Centro remarcó que en los 65 ataques reportados hubo 90 agresiones. En el 2019 se identificaron 39 ataques y en el 2018 ocurrieron 49. Entre los años 2012 y 2020 se registraron 561 casos de agresiones a personas defensoras del medio ambiente, los derechos de la tierra, y de los territorios.
Por segundo año consecutivo, el tipo de agresión más frecuente fue el homicidio.
La ganadora del premio Goldman de Medioambiente 2020, Leydy Pech, declaró que los territorios donde se realizan proyectos con intereses de la agroindustria y del extractivismo son “muy grandes”, además de que violentan los derechos sociales y económicos.
“Hay que hacer llegar información a quienes ven violentados sus derechos, siempre se ha quedado en ciertos niveles, se deben generar mecanismos para hacer la información más ágil, que se sepa que hay herramientas para la defensa. Son muy grandes los intereses económicos que tienen la vista en nuestros territorios”, dijo.
El director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís, mencionó que en el Informe se puede observar la violencia estructural que existe en México desde hace varias décadas y el contexto implacable en el que defensores ambientales ejercen su trabajo.
También, que la crisis sanitaria aumentó los obstáculos ya existentes en la protección del medio ambiente. Alanís especificó que el 22 de abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú (Escazu Agreement), con el cual se espera que existan avances en el acceso a la información ambiental y a la justicia.
Las entidades federativas del país que han reportado un aumento de ataques son el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Campeche, Chihuahua, y Guerrero.
Los sectores forestales y las vías de comunicación son los primeros en la lista de ataques: juntos suman casi el 50% de las agresiones, mientras que el sector minero el 7 por ciento.
El homicidio es la agresión más común, pero no es lo único: antes de ser asesinados, las víctimas sufren de intimidación, amenazas, estigmatización, uso indebido de la fuerza, secuestros, y hostigamiento. Los principales agresores, en un 40%, provienen del gobierno. El 6% son personas de su misma comunidad, y el 4.6% provienen de empresas.
El pasado 4 de abril un caso conmocionó a México: un comando de la delincuencia organizada asesinó y descuartizó al campesino ecologista y activista Carlos Marqués Oyorzábal, situación que estremeció a su familia, la cual solicitó ayuda por las amenazas de muerte que recibieron.
Ante este llamado la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) realizó una intervención para brindar medidas de seguridad para la familia de Marqués Oyorzábal.
Una de las acciones que se pretendió desarrollar fue la extracción de la mujer y sus 6 hijos de la comunidad en la que viven. Sin embargo, la familia no aceptó la medida debido a que realizan las exequias correspondientes, además de argumentar no querer dejar su comunidad.
Ante esto, personal del mecanismo implementará, en coordinación con otras instituciones del gobierno federal, una serie de acciones para la atención de personas defensoras de tierra y territorio en la comunidad y región, con enfoque colectivo y comunitario, cuya finalidad sea desincentivar las causas que detonan las agresiones o situaciones de riesgo y propicien un esquema de reacción oportuna.
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