La Cámara de Diputados comenzó este martes las mesas de diálogo en comisiones para revisar y en su caso aprobar la reforma petrolera que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la que plantea el fortalecimiento de la paraestatal Pemex (Petróleos Mexicanos) y la suspensión de permisos a la iniciativa privada por cuestiones de “seguridad nacional”, lo que fue considerado como un posible intento de “expropiación”.
La comisión de Energía en San Lázaro arrancó el análisis de la propuesta presidencial con la mesa de diálogo “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo federal”, la cual recibió el pasado 26 de marzo.
El presidente de la comisión, diputado Manuel Rodríguez, del oficialista Morena, precisó que los participantes en esta mesa de diálogo fueron propuestos de forma democrática y plural por los distintos grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.
Mencionó que la iniciativa del Ejecutivo Federal está enfocada en el almacenamiento, comercialización y distribución de hidrocarburos y, de manera particular, a la actualización y armonización de los permisos referidos en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.
Aclaró que la exploración y producción no son objeto de la citada iniciativa. Por lo tanto, los contratos con empresas petroleras privadas están fuera de los alcances de la propuesta del Ejecutivo, en un intento por calmar las fuertes preocupaciones expresadas por los actores involucrados.
El diputado morenista mencionó que, con el objeto de aumentar la capacidad de almacenamiento de combustibles, cuyos inventarios actualmente se reducen a unos cuantos días de consumo, poniendo en riesgo la seguridad nacional, se propone elevar a rango legal las disposiciones normativas de la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos.
El otorgamiento a los permisos, añadió Rodríguez González, debe estar sujeto a que el interesado demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía (Sener).
Se establece también la negativa ficta en el procedimiento de los trámites de los permisos que, a diferencia del silencio administrativo, permite al solicitante obtener necesariamente una respuesta a sus pretensiones, una vez que haya transcurrido el plazo citado para la expedición de los permisos, expuso.
Además, señaló, se propone reformar el régimen de sanciones para que se imponga una revocación del permiso expedido a los sujetos que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos, petrolíferos y la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.
Contempla por otra parte medidas para erradicar el contrabando de combustible ilícito, conocido como “huachicol”, que representa una grave afectación para la hacienda pública y una competencia desleal para los permisionarios que incumplan con la política mínima de almacenamiento, puntualizó.
Refirió que en la reciente comparecencia de la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, expuso que el gran reto que enfrenta el SAT es el contrabando de combustible, que ha provocado en lo que va del año una afectación en la recaudación por el orden del 23 mil millones de pesos.
Por ello, agregó, la iniciativa propone facultar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar los permisos cuando los titulares de los mismos, mediante sentencia del juez competente, incurran en este tipo de delitos.
Por su parte, el coordinador del grupo de trabajo de Hidrocarburos de la Comisión de Energía, diputado Carlos Enrique Martínez Aké (Morena) hizo votos para que el análisis y el diálogo de hoy sea en beneficio de los mexicanos, por encima de cualquier privado.
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