Un comando de la delincuencia organizada asesinó y descuartizó al campesino ecologista y activista Carlos Marqués Oyorzábal, informó el Observatorio para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero.
La víctima también era el comisario municipal del poblado Las Conchitas, ubicado en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente en Guerrero.
El asesinato ocurrió cuando Marqués Oyorzábal viajaba en una cuatrimoto de su comunidad por el camino El Duraznito, hacia la Ciénega de Puerto Alegre: “fue sorprendido por un grupo de delincuentes, presuntamente gente de El Nencho, que viajaba en tres camionetas, por lo que se regresaron con él al poblado de Ciénega de Puerto Alegre”, reveló un dirigente del Observatorio para la Paz vía telefónica a La Jornada.
Los delincuentes, una vez en la comisaría ejidal, “torturaron al defensor de los bosques hasta que murió, y procedieron a destazarlo hasta dejarlo en pedazos, lo dejaron bien despedazado en la noche”, afirmó la fuente, quien prefirió permanecer anónima.
Carlos Marqués Oyorzábal “formaba parte de la policía comunitaria que formaron los Pueblos Unidos, que han apoyado la detención de camiones que sacaban la madera de nuestro ejido, pero ahora vemos con preocupación que se está reforzando la delincuencia, y fortaleciendo porque muchos de los que mataron al comisario municipal no eran de ahí, sino de otros lugares”, recordó el Observatorio para la Paz.
De acuerdo con el testimonio, recopilado por el medio, los habitantes tienen miedo de denunciar por las amenazas hacia los activistas, ecologistas, y pobladores.
“Por eso le preguntamos a Eudocio Barragán, que encabeza a los policías comunitarios del pueblo de Lindavista, qué han hecho hasta ahora, porque se supone que se armaron para defender los bosques, pero pareciera que se armaron con el permiso de El Nencho, y de La Changa, pareciera ahora que los Pueblos Unidos están coludidos, con ellos y no con los pueblos que se oponen al saqueo de la madera”, dijo.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, que intervengan antes de que sea demasiado tarde; además queremos que se instale en el poblado de Agua Escondida, municipio de San Miguel Totolapan, una base de operaciones mixtas con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, y la Policía Estatal
Por su parte, campesinos de pueblos de la sierra del municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande, como El Paraíso, Río Santiago, y San Vicente de Benítez, entre otros, denunciaron a través de redes sociales que todos los días “pasan 6 (camiones) troceros llenos de madera, y sabemos por quién están protegidos, y eso no nos intimida, y también que ejidatarios y comisarios ejidales están con ellos y cuánto les están pagando”, reportó el medio.
Por otro lado, ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la entidad federativa de Chihuahua, un tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial Mina, dictó la sentencia de 48 años de prisión contra Feliciano “Q” por los asesinatos de Julián Carrillo Martínez, líder rarámuri y defensor del bosque, y su hijo, Víctor Carrillo Carrillo.
Los homicidios fueron perpetrados el 24 de octubre de 2018 y en febrero de 2016, respectivamente. Fueron los jueces Manuela Terrazas Solís, Lizbeth Alondra Chávez Jurado, y Felipe de Jesús Medina Granados, quienes dictaron el veredicto.
También instruyeron al inculpado que efectúe la reparación del daño a la familia de las víctimas, además de realizar, a través de un acto público, un reconocimiento a Carrillo Martínez como defensor de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, por la violencia que han enfrentado por proteger su territorio, y defensor de los derechos humanos.
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