Una diputada del PT propuso una reforma para prohibir el outsourcing: cuáles serían sus alcances

En medio de las largas y desgastantes negociaciones para eliminar, o al menos reducir, la subcontratación en México, conocida como outsourcing, una diputada federal propuso que este tipo de contrato quede prohibido para los Poderes Ejecutivo, es decir Presidencia; Legislativo, ambas Cámaras del Congreso; y Judicial, Suprema Corte y Consejo de la Judicatura; así como entes autónomos.

La diputada Margarita García García, del PT (Partido del Trabajo), aliado de Morena, el partido en el poder, propuso reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a fin de establecer que queda prohibida la intermediación y la subcontratación de personal en los tres poderes de la Unión y organismos públicos autónomos.

En los considerandos de la iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, se destaca que el propósito de prohibir la subcontratación es para que en su lugar se puedan crear empleos mejor pagados y que el personal goce de todas las prestaciones laborales que establece la ley.

Menciona que la subcontratación o el outsourcing es una práctica contraria a los principios y derechos de los trabajadores, ya que fomenta la discriminación, simula una relación laboral, precariza el empleo, transgrede el derecho a la libre sindicación, permite el abuso fiscal y laboral, la elusión y evasión fiscal, y la creación de empresas fantasmas o virtuales.

Añade que esta práctica permite que se paguen bajos salarios, que no se den garantías laborales, ni seguridad social, además de las prestaciones mínimas que marca la ley como vacaciones, aguinaldo, utilidades, etcétera.

Señala que actualmente se encuentra a debate eliminar la subcontratación o regularla en el sector privado. Sin embargo, “en el sector público o de gobierno no podemos permitir que esta práctica se siga dando, sobre todo para la realización de trabajos que se consideran necesarios para que los organismos sigan realizando sus labores”.

“El outsourcing no solo daña los derechos de los trabajadores, sino que también hace un gran daño al erario público, por lo que mantener este esquema laboral no es conveniente ni para la sociedad ni para el gobierno”, puntualiza.

Y es que apenas este jueves, el diario mexicano El Universal publicó que la Oficina de la Presidencia de México entregó apenas ayer un contrato a una empresa de limpieza para que haga dicha labor en las oficinas del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con este formato, para laborar entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2021.

Apenas en enero pasado, López Obrador había dicho que este tipo de prácticas tenían que quedar prohibidas en el país. “Tenemos que reformar la ley y que quede totalmente prohibido y, además, poner el ejemplo en el gobierno para que no se utilicen estas prácticas. Va en serio que va a desaparecer, eliminar, la subcontratación”, aseveró en su habitual conferencia matutina.

Sin embargo, la intención del presidente se ha topado de frente con la iniciativa privada, que advirtió en febrero a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre las consecuencias de eliminar el esquema de contratación laboral conocido como outsourcing. Lo identificaron como un golpe devastador para la economía del país y para millones de familias.

La iniciativa de la diputada petista, por su parte, adiciona un segundo párrafo al artículo 2º y reforma el artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional. Además, se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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