Brenda Ruacho de Vega, ex funcionaria pública en el DIF de Baja California, es perseguida por el presunto desvío de recursos que supuestamente sería destinado al CRIT de Tijuana, pero al parecer, habría llegado a un trato.
De acuerdo con Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, la también esposa de Francisco “Kiko” Vega, exgobernador de Baja California, devolverá al gobierno 6.8 millones de pesos presuntamente “robados”.
Informó, además, que esto es parte de un acuerdo reparatorio solicitado por Ruacho al Ministerio Público; el dinero, dijo, “se lo robó antes de finalizar la administración de su esposo”.
Agregó que dicho acuerdo es para que no pise la cárcel la exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o tampoco el director general Alberto Vargas Beltrán ni María del Rosario Beltrán, funcionaria del DIF.
Por último, aseguró que fue instruido por Jaime Bonilla Valdez para que dicho acuerdo sea aceptado. Por su parte, Brenda Ruacho será citada ante el Ministerio Público para que pague el acuerdo.
Brenda Ruacho de Vega se le acusa por el posible desvío de recursos del Patronato del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, los cuales fueron obtenidos mediante donaciones.
La denuncia se presentó en marzo de 2020 a través de Amador Rodríguez Lazano, quien aseguró que, a través de la asociación civil Cree en Tus Sueños, Raucho obtuvo donaciones por siete millones de pesos, los cuales depositó en un fideicomiso a nombre de la familia Vega.
Además, informó que este dinero sería destinado a la construcción de unas villas para el centro CRIT-Tijuana, lugar donde se hospedarían los familiares de los pacientes.
Sin embargo, el dinero nunca fue entregado a la dependencia, pero la retención del dinero se reveló cuando Brenda Ruacho informó que parte del dinero estaba en un fideicomiso y le pertenecía.
Esta no es la primera ve que Ruacho de Vega intentó este recurso, pues en febrero de 2021 ya se había puesto la opción sobre la mesa, de acuerdo con el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Además, informó que la investigación continúa su rumbo y va viento en popa, pues “se le han encontrado cosas muy importantes” al exgobernador del Baja California.
En noviembre 2019, el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, presentó una denuncia contra “Kiko” y varios colaboradores por su presunta responsabilidad en un posible daño al erario de más de 1,200 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente 0202-2019-42685 que integra la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos, entre los cuales se encuentran abuso de autoridad, cohecho, peculado y hasta falsificación de documentos.
Otra denuncia la presentó la Auditoría Estatal en mayo de 2019 ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General, esta vez por 1,586 millones de pesos que presuntamente se habían utilizado para el pago de diversas asesorías que nunca se impartieron.
Fue el 8 de mayo de 2020 cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearon una de las casas de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, exgobernador de la entidad (2013-2019), luego de varias denuncias penales por presuntos malos manejos de los recursos de la entidad.
Los agentes llegaron a la residencia ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana, pero al interior de la vivienda solo se encontraban tres empleados del exgobernador panista.
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