En los últimos 13 años, el Departamento de Estado y la Agencia estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID) han destinado hasta tres mil millones de dólares en el marco de la lucha antidrogas y para combatir al narcotráfico en México, pero hay riesgos de que ese dinero pudiera caer en manos equivocadas a falta de controles en el gasto.
De acuerdo con un reporte de la Oficina de Control de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés) de EEUU, los montos fueron erogados en el marco de la Iniciativa Mérida, firmada en 2007 por el entonces presidente mexicano Felipe Calderón. Pero no se ha evaluado si el apoyo económico estuvo en las áreas pertinentes.
“Para los programas bajo la Iniciativa, existe el riesgo de que los fondos vayan a personas o grupos involucrados en fraudes contractuales, abusos de derechos humanos u otros delitos. Sin embargo, el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional no han evaluado completamente ese riesgo potencial de fraude”, destacó el reporte hecho público este 31 de marzo reciente.
Según el informe de la GAO, las autoridades apenas han dado pasos iniciales, como identificar posibles esquemas de fraude en programas del acuerdo, pero no han establecido un plazo para completar su evaluación.
“USAID aún no ha comenzado a realizar dicha evaluación, aunque los funcionarios dijeron que planean emitir una guía que dirija al personal a hacerlo”, advirtió la dependencia.
Aunque hay algunos controles como verificar antecedentes de empleados y líneas de fraude, ninguna agencia cuenta con una estrategia eficaz que refleje prevenga riesgos en las funciones y responsabilidades del personal. Hasta ahora solo se ha emitido un aviso administrativo con pasos preliminares, pero eso es insuficiente.
“Los funcionarios de USAID no pudieron demostrar cómo la estrategia para toda la agencia incluiría todos los elementos clave de una estrategia adaptada al programa de USAID bajo la Iniciativa Mérida”.
Estados Unidos investigó a todo el personal de seguridad en México y seleccionó a aquellos no relacionados con la seguridad, pero que ocupan cargos sensibles, como jueces y fiscales. De ellos, hubo algunos que participan en los programas del acuerdo en temas de violaciones de derechos humanos y otros delitos.
“Sin embargo, después de mayo de 2017, la Embajada de la Ciudad de México redujo sustancialmente la investigación de antecedentes del personal mexicano no relacionado con la seguridad que ocupaba puestos delicados. Los funcionarios de la embajada declararon que antes de reducir la práctica, no evaluaron ni respondieron al riesgo de que el personal que no sea de seguridad en puestos sensibles con preocupaciones de seguridad pudiera participar en los programas de Mérida”.
Es decir que, si no hay una evaluación de riesgos y esfuerzos de respuesta, EEUU carece de una garantía razonable de que el personal que no es de seguridad en puestos sensibles no esté participando en los programas de la Iniciativa Mérida.
Por ello, el estudio recomienda que se establezca un plazo para completar exámenes que pudieran prevenir desvíos, impulsar una estrategia antifraude, capacitar al personal en estos temas y calificar a los empleados mexicanos en áreas sensibles de Seguridad.
En 2007, Estados Unidos y México se asociaron bajo la Iniciativa Mérida para contrarrestar las amenazas de las organizaciones criminales mexicanas, incluidos los cárteles de la droga. Estados Unidos ha proporcionado a las fuerzas de seguridad mexicanas apoyo técnico y equipo para fortalecer el sistema de justicia de México y reducir la corrupción.
La Iniciativa de Mérida es un plan antidrogas ideado bajo la Administración de George W. Bush en 2007, que aporta no solo recursos, sino también equipos, tecnología, inteligencia y formación.
Un informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos concluyó que la Iniciativa Mérida no ha logrado sus objetivos de proteger a Estados Unidos del tráfico de drogas ni a México de la violencia de las bandas criminales.
El reporte, publicado a inicios de diciembre de 2020, señaló que es necesario un rediseño de la iniciativa para permitir avances significativos con objetivos compartidos y evaluaciones claras que muestren el verdadero avance de la herramienta de cooperación en materia de seguridad más importante entre las dos naciones.
El presupuesto para 2021, informa el documento, busca 63.8 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, lo que representa un 60 por ciento menos de los 94.2 millones que recibió México en el año fiscal anterior.
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