La noche de este miércoles, la madre y familiares de Victoria Salazar, mujer asesinada a manos de elementos de la policía municipal de Tulum, en Quintana Roo, se reunirán con el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González. En el acto también estará presente Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), quien recibió la orden de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB).
Por medio de un comunicado, autoridades de la SEGOB informaron que el encuentro tendrá lugar en Cancún. La finalidad es acompañar a la familia con las diligencias necesarias, así como verificar el proceso de investigación y darle seguimiento al feminicidio. De igual forma, encaminarán los trámites necesarios para que los restos de la víctima sean devueltos a El Salvador.
El feminicidio de Victoria Salazar ha dejado al descubierto las carencias y deficiencias en la obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres en México. En un país donde diez mujeres son asesinadas diariamente, un grupo de policías asesinó a una inmigrante por el uso excesivo de la fuerza durante su detención. De hecho, diversas organizaciones internacionales se han pronunciado sobre el caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, repudió los hechos que derivaron en la muerte de quien fuera una mujer refugiada en el territorio. De igual forma, por medio de su cuenta de Twitter, @CIDH afirmaron que:
“La #CIDH reitera que la proporcionalidad en el uso de la fuerza implica el deber de los agentes de seguridad de emplear criterios de uso diferenciado y progresivo de la fuerza en un esfuerzo por minimizar daños y lesiones que pudieren resultar de su intervención”. En ese sentido, llamaron a asegurar la capacitación de los cuerpos de seguridad en dicha materia.
El sábado 27 de marzo se difundió el video de la detención de la mujer. En el acto, cuatro policías la sometieron y esposaron en el piso. Sin embargo, uno de los elementos puso su rodilla sobre el cuello de la víctima, quien en repetidas ocasiones se quejó y pidió auxilio a las personas que se encontraban en las inmediaciones de la escena. De acuerdo con las primeras versiones, los policías actuaron en su contra por supuesta alteración del orden público.
Sin embargo, días después salieron a la luz diversos videos de las cámaras de seguridad de la tienda donde se encontró minutos antes de su muerte. En ellos, se le observa paseando por los pasillos del establecimiento mientras balancea un garrafón vacío de un lado a otro y en ningún momento se le vio agrediendo a alguna persona.
Posteriormente, en otra de las tomas, se le miró sosteniendo las puertas del acceso principal. Las abrió y cerró en un par de ocasiones. Después salió del lugar. En ese momento, uno de los empleados se acercó y aseguró la entrada desde el interior. Al paso de algunos segundos, la patrulla arribó al lugar y los elementos comenzaron a forcejear con la mujer.
De acuerdo con el informe de los Peritos del Servicio Médico Forense, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral, misma que fue ocasionada por la ruptura de la primera y segunda vértebra. La lesión derivó en la pérdida de la vida de la víctima. Por esa razón, la FGE ejerció acción penal en contra de los elementos involucrados por su participación en el feminicidio.
Victoria Esperanza Salazar Arraiza era madre soltera. En compañía de sus dos hijas, salió de su país de origen en 2016 con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Ante la imposibilidad, en 2018 optó por solicitar una visa humanitaria, documento que la reconoció como refugiada. Entonces, se estableció en Tulum, donde trabajó como intendente de un hotel hasta el día de su muerte.
SEGUIR LEYENDO