Tal vez una de las frases con la que más se recuerda a Andrés Manuel López Obrador, quien fue aspirante a la presidencia de la República durante 12 años fue la de ¡Al diablo con sus instituciones!.
Corría el año de 2006 y luego de encendida y controversial campaña política entre Felipe Calderón y el político tabasqueño que culminó con el polémico triunfo del michoacano con apenas el 0.56% de los votos emitidos, vino una toma de las calles de la capital mexicana, en la que se exigía un recuento de los sufragios.
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el triunfo de Calderón Hinojosa, López Obrador arremetió contra la decisión de los magistrados y fue cuando soltó su recordada frase ¡Al diablo con sus instituciones!.
Hoy que ya es el presidente de México, esta arenga ha cobrado un nuevo sentido, ya que el mandatario arremete constantemente contra las instituciones y organizaciones, sean nacionales o extranjeras, que se atrevan a criticar o hacer observaciones de su administración.
Los ataques
Ya sea en su habitual conferencia mañanera en Palacio Nacional o en sus giras a lo largo y ancho del país -aún en plena pandemia del COVID-19- el Jefe del Ejecutivo Federal ha hecho una constante condena a todos los organismos que cuestionen las acciones del gobierno.
El más reciente de ellos ocurrió este miércoles 31 de marzo cuando López Obrador arremetió contra la organización Artículo 19 - organización de ámbito internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, la cual ha llevado un registro de las agresiones a la libertad de expresión y los comunicadores en México-, a la que acusó de formar parte del grupo conservador que está en contra de su proyecto político, además de estar financiada por empresas extranjeras.
El ataque ocurrió luego de que López Obrador cuestionó que el Departamento de Estado de EEUU haya señalado a la directora de la agencia mexicana de noticias, Notimex, Sanjuana Martínez, en su informe anual sobre derechos humanos.
En materia de libertad de expresión, Estados Unidos incluyó un reportaje publicado por Aristegui Noticias, Signa Lab y Artículo 19, en donde señala a San Juana Martínez como orquestadora de una campaña de ataques contra periodistas en redes sociales.
El reporte señala a la directora de Notimex, paralizada desde junio de 2020 por una huelga, porque “ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”.
Por lo que este miércoles, López Obrador hizo una férrea defensa de la directora de la agencia de noticias del Estado México y arremetió contra las autoridades norteamericanas y contra Artículo 19.
“Ayer el Departamento de Estado, a quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos”, preguntó el mandatario mexicano a los representantes de medios de comunicación que se encontraban en Palacio Nacional.
“A Sanjuana, que es la directora de Notimex, que es una periodista consecuente que se enfrentó a grupos de intereses creados, y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19, está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado”, aseguró.
“Para empezar nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces por qué el gobierno de Estados Unidos opina en cuestiones que solo competen a los mexicanos, por qué se lanzan en contra de Sanjuana que ya la volvieron famosa , además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista”, destacó.
La respuesta al presidente vino por parte del director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien en entrevista con Aristegui Noticias, aseguró que el objetivo de estas acusaciones es “sembrar dudas” en torno a la validez de sus investigaciones y enfatizó que Artículo 19 ha sido sumamente crítica en sexenios anteriores como el de Enrique Peña Nieto.
“No nos extraña, es la forma de proceder del presidente, la manera de distorsionar la realidad como dimos cuenta en nuestro informe publicado el año pasado, como lo hace todas y cada una de las mañaneras y ahora nos tocó a nosotros; la conversación se va a volcar seguramente, o ya se está volcando sobre Artículo 19, para perder el punto central sobre el cuál estamos hablando que es que desde la agencia de noticias del estado mexicano orquestaron ataques en Twitter en contra de periodistas”, enfatizó.
Aseguró que estos ataques involucraron la utilización de recursos públicos, lo que debería derivar en responsabilidades de diversa índole en contra de quienes ordenaron estas campañas.
“Pero evidentemente, siguiendo su estrategia de comunicación política, el presidente otra vez distrae, nos vincula con el Departamento de Estado en una narrativa que pretende poner un halo de sospecha sobre el trabajo que hemos desempeñado como organización internacional desde hace 34 años y como oficina regional desde hace 13″, dijo.
Recordó que López Obrador no tuvo reparos en el pasado para utilizar los informes de Artículo 19, como sucedió en el debate presidencial de 2012, pero ahora que el político tabasqueño ya no es oposición, debe garantizar el ejercicio periodístico en condiciones de seguridad.
Maldonado aseguró que la organización recibe financiamiento de los mecanismos de cooperación de diversos países y fundaciones como es el caso de la Fundación Ford, Estados Unidos, Irlanda, Unión Europea. Hizo hincapié en que el financiamiento no condiciona o impone una agenda programática o política al trabajo realizado.
La campaña contra el INE
Desde que comenzó su gobierno, hace más de dos años, Andrés Manuel López Obrador ha arremetido constantemente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y su presidente Consejero, Lorenzo Córdova Vianello.
Los ha acusado de intentar censurarlo e incluso, de atentar contra la democracia, pero desde que comenzó la actual batalla por las elecciones intermedias en las que el político tabasqueño se juega la viabilidad de su proyecto político, los ataques contra la autoridad electoral han subido de tono, al grado que se ha pedido desintegrar al Instituto.
Y es que en las últimas semanas, el INE tomó dos decisiones clave de forma consecutiva que impactarán directamente las elecciones del próximo 6 de junio, las más grandes en la historia del país, donde se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 21,000 puestos locales.
Primero, el Consejo General del INE definió una serie de reglas para evitar que, como resultado de los comicios intermedios de este año, haya una sobrerrepresentación de partidos políticos por encima del 8% en San Lázaro, como pide la Constitución.
Este movimiento generó indignación en Morena, el partido fundado por López Obrador, ya que lo vieron como un ataque directo, ya que se han aprovechado esa sobrerrepresentación en las Cámaras para ampliar su mayoría, de por sí amplia, en el Congreso.
Pero, además, el INE también le retiró las candidaturas a dos prominentes candidatos de Morena por no haber reportado los gastos de sus precampañas: a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, ambos aspirantes a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, dos entidades clave en los comicios de este 2021. También canceló otras 58 candidaturas.
En respuesta, el Jefe del Ejecutivo Federal arremetió contra el INE, el cual -dijo- se ha convertido en el “supremo poder conservador” ya que “busca decidir quién es candidato y quién no”.
“Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora si se aplican”, señaló el presidente con un dejo de ironía.
Pero días después, la andanada de ataques subió de nivel. El líder del partido en el poder (Morena), Mario Delgado, convocó a “exterminar” (sic) al actual árbitro electoral, y llevar a juicio político a Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama.
El exhorto le valió la condena de algunos de sus correligionarios, como Porfirio Muñoz Ledo, quien defendió al INE de los ataques enunciados por Mario Delgado.
“Mario Delgado, acorralado por la justicia, se vuelve enemigo vociferante del INE. Miente sobre la selección de consejeros (de Morena), que él mismo condujo en la Cámara y exige la ‘extinción’ del árbitro electoral, con amenaza de juicio político”, publicó en su cuenta de Twitter el martes 30 de marzo.
Otra voz destacada fue la de Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT) que se caracteriza por su radicalidad, en esta ocasión de mostró más moderado y sólo instó a retirar de su cargo a Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, porque -dijo- se pervirtió la postura de imparcialidad que tiene dicho instituto.
“El Instituto Nacional Electoral y particularmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no son árbitros vendidos, son opositores feroces a nuestro gobierno. Y ellos tienen derecho a ser oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral”, aseguró en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan de desaparecer a los organismos autónomos
En enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa de reforma administrativa para eliminar cien organismos autónomos y que su estructura se integre a las secretarías de Estado.
Entre ellos destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Aseguró que “son tapaderas, organismos alcahuetes” que cuestan mucho dinero.
El 8 de enero, el mandatario aseguró que el INAI cuesta más de 1,000 millones de pesos mantenerlo, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones “como 1,500 millones de pesos”.
La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ocasionó una serie de críticas, incluso de organismos internacionales como Human Rights Watch, cuyo director para América, José Manuel Vivaco, cuestionó al presidente mexicano sobre su intención de desaparecer al Inai.
“El gobierno mexicano ocultó sus abusos durante años. La creación del @INAImexico, que obliga al gobierno a transparentar información pública, fue una victoria para los DDHH. @lopezobrador_ insiste: ‘No tenemos nada que ocultar.’ Si es así, ¿por qué quiere eliminar el INAI?”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 12 de enero.
Sin embargo, para desaparecer los órganos autónomos y reguladores en materia de energía, como es el plan de López Obrador, el Congreso de la Unión debe modificar la Constitución y para ello es necesario que dos terceras partes de los legisladores voten a favor de estos cambios. Pero a Morena y sus aliados no les alcanza el número de votos para lograrlo.
Y es que el Inai, la Cofece, el IFT, la CRE y la CNH están regulados por la Carta Magna (artículos 28 y 29), por lo que tendría que modificarse, y después, al menos 17 congresos locales deben avalar los cambios.
Greenpeace y otras ambientalistas contra las obras e iniciativas de AMLO
Otra organización internacional que ha criticado las iniciativas y proyectos del presidente mexicano es la ambientalista Greenpeace: lo mismo ha cuestionado la construcción de sus obras insignia como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, que la actividad del Fracking y la Ley de Industria Eléctrica (LIE).
Tan solo por la LIE, la Organización No Gubernamental (ONG) solicitó un amparo por los posibles efectos negativos que pudieran generar las modificaciones a la LIE en contra de los derechos humanos al medio ambiente sano y la salud. El Juzgado Primero Especializado en Competencia, Telecomunicaciones y Radiodifusión, otorgó la suspensión provisional, a un grupo de organizaciones civiles, encabezadas por Greenpeace.
En un posicionamiento de Greenpeace publicado a inicios de marzo en su sitio web, explicaron que recurrieron al amparo ya que la Ley incita a un mayor consumo de energías fósiles, como el carbón, y el combustóleo para generar electricidad, que daña de manera severa la salud de la población y el medio ambiente.
La construcción del Tren Maya, también ha sido objeto de múltiples amparos por parte de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil, los cuales han sido concedidos por diversos jueces.
El último de ellos fue concedido el pasado 22 de febrero, luego de que un juez otorgó la suspensión definitiva de las obras del Tren Maya para que las autoridades se abstengan de realizar actos para la construcción de obra nueva en los municipios de Mérida, Chocolá e Izamal.
El mandatario ha respondido con furia e indignación: en su afán de descalificarlas, también ha dicho que estas organizaciones reciben fuentes de financiamiento extranjero, como de Kellogg o Ford.
Algunas de estas organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) o del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), han exigido una disculpa pública por parte de López Obrador, al asegurar que el gobierno busca descalificar, deslegitimar y censurar el trabajo de los activistas .
“(...) Es inmoral usar el púlpito presidencial para golpear con mentiras. Notamos mucha ignorancia por parte del presidente. Porque uno difiere con la manera en la que él piensa y actúa, descalifica sin base (...) “Hemos visto cómo muchas de estas agresiones verbales se han vuelto un patrón por parte del Estado mexicano en casos como el Tren Maya. Esto puede llevar a que se produzcan agresiones físicas y asesinatos de defensores. En México, desde 2012, en Cemda hemos documentando 500 agresiones a defensores y defensoras y solo en 2019, mataron a 18 ambientalistas de acuerdo con datos de Global Witness”, afirmó Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.
Pero para Andrés Manuel López Obrador no hay oposición que valga: asegura que todas sus obras van, sin importar nada más.
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