Para el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, es solo un show la suspensión definitiva a la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), interpuesta por jueces federales.

El polémico funcionario de la autollamadas Cuarta Transformación (4T) aseguró que con los amparos concedidos a empresas como Walmart, Bimbo o la ONG Greenpeace por parte del Poder Judicial, se busca hacer creer que la mayoría de la población rechaza esta reforma. Sin embargo, señaló que son solo unos cuantos. Así lo dijo en entrevista a medios afuera de Palacio Nacional, en el marco del informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, Bartlett indicó que a pesar que López Obrador ofreció derecho de réplica a empresarios, éstos no han establecido comunicación con el Gobierno Federal.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía por encima de otros participantes del mercado.

Y es que la compañía estatal reportó que en 2020 tuvo pérdidas netas por casi 80 mil millones de pesos. La CFE no había entregado números en rojo desde 2015, de acuerdo con la información que detalla la propia compañía y es recopilada por Bloomberg.

Además, tiene que pagar grandes deudas. En su informe 2020 a inversionistas destacó un perfil de vencimiento de deuda por 50 mil 349 millones de pesos para este 2021.

Para eso puede resultar útil devolver a la empresa eléctrica un monopolio con la nueva ley. Si en la práctica es otra vez la única que cobra la electricidad a los mexicanos, suben las oportunidades de recibir ingresos. Sin importar cómo sea producida esa electricidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 09/2021 a Manuel Bartlett por los agravios cometidos contra ocho personas defensoras de derechos humanos, en el marco de la ejecución del proyecto “Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II-Tajín”, que incluía la construcción de una subestación eléctrica en dichas comunidades del Estado de Puebla.

A través de un comunicado, el organismo público indicó que, en junio de 2018, las personas quejosas manifestaron su inconformidad “al considerar que el proyecto irrumpía ‘en el seno del pueblo Maseual’ y había sido impuesto bajo el argumento de que sería benéfico para la región”, a pesar de que la información que se les proporcionó fue escasa y las autoridades se negaron a entregarles los estudios respectivos, lo cual motivó una clausura popular y simbólica de las obras del proyecto.

Por ello, las víctimas fueron notificadas del inicio de una carpeta de investigación en la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), además de que se solicitó su comparecencia como probables responsables de la comisión del delito de oposición a la ejecución de una obra pública.

En la integración de la carpeta de investigación, dijo la CNDH, “la CFE presentó un escrito en el que solicitó la ampliación de la denuncia, teniendo como principal sustento notas periodísticas publicadas a través de portales de internet en los que se reiteraron acusaciones contra las personas defensoras de derechos humanos, estigmatizándolas sin sustento alguno”.

Tras estudiar el caso, la Comisión concluyó que se había vulnerado el derecho de las personas a defender los derechos humanos, “toda vez que el Estado y sus agentes no deben poner en duda la legitimidad del trabajo de las y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, ni realizar declaraciones que sugieran una actuación indebida o ilegal, solo por llevar a cabo labores de promoción y protección de dichas prerrogativas”.

Por lo anterior, la CNDH le solicitó al Director General de la CFE que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a las personas afectadas; brindarles atención psicológica e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), específicamente en lo relativo al artículo noveno sobre los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Asimismo, le pidió realizar un acto público de reconocimiento de la labor de las personas de defensoras de derechos humanos, así como de responsabilidad y desagravio institucional, y realizar las solicitudes correspondientes a los motores de búsqueda, entre ellos Google y Yahoo, para que no sea posible acceder al nombre de las víctimas en los mismos.

Por otro lado, llamó a la empresa productiva del Estado e impartir a sus trabajadores cursos de capacitación sobre estándares relacionados con los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; sobre los derechos a la libertad de reunión, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y respecto a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.

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