Ante una emergencia como la que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19, la obligación de los Estados de garantizar la transparencia y el derecho a saber adquiere una relevancia especial, ua que la opacidad impide manejar una crisis de manera adecuada, advirtió la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia mexicano, Blanca Lilia Ibarra.
“La transparencia y el acceso a la información permiten que las personas conozcan, confíen y se sumen a las directrices gubernamentales, acepten las restricciones a sus derechos eventualmente y puedan tomar mejores decisiones”, señaló la cabeza del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
Permiten detectar y corregir errores, prevenir actos de corrupción y abrir la puerta a ejercicios de rendición de cuentas
Ibarra sostuvo que los regímenes democráticos y las administraciones públicas modernas y eficientes no pueden entenderse sin la adopción de un enfoque de rendición de cuentas que ofrezca a las personas herramientas para participar en los asuntos públicos, conocer los pormenores de las acciones de gobierno y sancionar, por la vía del sufragio, a los funcionarios que no cumplan con sus mandatos.
“No obstante, para que la rendición de cuentas pueda materializarse de manera efectiva es fundamental asegurar y transparentar la información que acerque a las personas, a la ciudadanía, las razones, los criterios o bien los argumentos del actuar gubernamental, desde las decisiones políticas sobre un asunto particular hasta el ejercicio transparente del erario”, subrayó.
La comisionada presidenta del INAI realizó dichas declaraciones este lunes, durante su participación en la presentación del número 153 de la Revista de Administración Pública (RAP). Se trata de una publicación periódica del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). En la última edición, Ibarra participó con el artículo “Relevancia de la transparencia proactiva en una situación de crisis”.
A su vez, el presidente del INAP, Luis Miguel Martínez Anzures, aseguró que uno de los elementos centrales de los gobiernos democráticos es la rendición de cuentas, definido como el derecho de los ciudadanos de exigirle a sus representantes una explicación sobre sus decisiones y acciones, así como la capacidad de sancionarlos cuando sus conductas infrinjan la ley.
“Su importancia reside en que constituye un mecanismo que permite poner al poder público bajo la observancia y cuestionamiento de los ciudadanos”, dijo.
En su intervención, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, destacó el valor y el beneficio de la fiscalización superior en la lucha contra la corrupción. Al respecto, enfatizó que “la fiscalización superior ha sido considerada, en este esfuerzo institucional, como una de las principales columnas de los procesos conducentes a cerrar el paso a la comisión de ilícitos en el ejercicio gubernamental, al mal uso de los recursos públicos y a cualquier acción caracterizada por la opacidad o la discrecionalidad”.
El Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, David Villanueva, describió brevemente los textos que contiene esta edición de la revista, que aborda como tema central la rendición de cuentas. Enfatizó que la publicación “contribuye, desde diferentes ópticas, a fortalecer el gobierno, la transparencia y la integridad del sector público, además, con un número equilibrado de mujeres y hombres, que en un ejercicio académico tendieron un puente entre visiones teóricas y prácticas”.
Finalmente, la Directora Regional del Centro CLEAR Latinoamérica y el Caribe, y autora del artículo “Capacidades estatales, rendición de cuentas y desempeño gubernamental, en épocas de COVID-19”, Gabriela Pérez Yarahuán, señaló que la rendición de cuentas está intrínsecamente ligada al funcionamiento de regímenes democráticos por ser una pieza clave para establecer límites al poder de los gobernantes, pero no solo es eso, “una rendición de cuentas robusta permite establecer un diálogo continuo y sistemático entre los gobernantes y los otros actores del Estado”, acotó.
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