Luego de siete horas y ante centenas de datos de prueba, el juez Alejando Ganther Villar Ceballos determinó un segundo receso en la audiencia intermedia de Rosario Robles, quien es procesada por ser omisa en el desvío de 5 mil millones de pesos del erario, mediante el esquema de la Estafa maestra. Por lo cual, la comparecencia se reanudará el próximo lunes 27 de marzo.
Epigmenio Mendieta, abogado de la ex secretaria de Estado con Enrique Peña Nieto, dijo que el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación presentaron más de 300 medios para probar que Robles Berlanga es culpable.
Alrededor de las 11:00 horas de este 27 de marzo fue reiniciada la segunda sesión del caso, pero sin la presencia de la imputada, quien está en recuperación por complicaciones de salud. Previamente, el reciente viernes 26 de marzo, la autoridad judicial decretó el primer descanso, entre las 21:00 horas, luego de casi medio día.
Ya durante este sábado, el defensor reveló que la reanudación del próximo lunes contempla que sea analizada la reparación del daño, pues la FGR exige que la acusada pague los 5 mil 500 millones de pesos. Pero sus abogados han argumentado que ella no tiene el monto para saldar la exigencia.
Será a las 13:00 horas cuando se reanude el segundo receso, de acuerdo con Epigmenio Mendieta. El litigante agregó que el juez aceptó tres testigos a favor de su clienta y buscarán incorporar ocho más. A su vez, logró que le fueran admitidos entre 25 y 30 medios para la defensa. Se prevé que el lunes concluya la etapa intermedia, proceso que antecede al juicio oral.
La suma de información obligó al juez a que fuera decretada la interrupción, pues los abogados deben relacionar los datos de prueba con testigos y debatir cuales son necesarios en la tercera sesión para que Rosario Robles articule su defensa.
Cabe destacar que la ex titular de la Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se declaró inocente este 26 de marzo, con lo cual obligó a la FGR que le sea probada su responsabilidad.
Su declaración se debe a que “la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos (y Servicios del Sector Público) señala con claridad quiénes son los responsables del comité de adquisiciones”.
Robles Berlanga desistió de realizar un juicio abreviado, ya que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador, de intromisión y de generar un efecto corruptor durante su proceso legal. Fue presionada para ser testigo colaborador, algo que aceptó el pasado 24 de noviembre, pero finalmente se retractó porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público.
Si una vez finalizada esta etapa se llega o no a algún “acuerdo probatorio”, donde sean pactados los hechos que no serán incluidos en el juicio, continuará el debate de las pruebas faltantes, y ambas partes, defensa y autoridades, podrán descalificar o admitir algunas de ellas. Sin embargo, será el propio juez quien dicte las que se utilizarán para avanzar a la fase del juicio.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva justificada. En aquel momento, se creyó que la detención sería temporal; sin embargo, ha continuado en el penal de Santa Martha cerca de dos años. Unos cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.
La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.
Cuando estalló el escándalo por, el presidente Enrique Peña Nieto la respaldó y le comentó que no se preocupara. Lejos y vacías quedaron las palabras de aquel 19 de abril del 2013 pronunciadas en Zinacantán, Chiapas.
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